La perpetua crisis institucional

El Ministerio Público está atrapado en el círculo vicioso de una crisis que no parece tener fin. Cada resolución judicial abre la puerta hacia un nuevo laberinto legal, de aquellos que cansan a la ciudadanía y que indirectamente benefician a la delincuencia, pues desvían a la fiscalía de su verdadera meta, que debe ser la prevención y persecución de esta lacra.

El reciente fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima –que ordena a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días– prolonga esa crisis y aviva las luchas de poder internas en la fiscalía. La medida cautelar, presentada por su defensa y declarada fundada por el juez Juan Torres Tasso, es un nuevo capítulo de una larga novela de inestabilidad.

Este intrincado drama jurídico es el fiel reflejo de la situación en una institución en donde las pugnas por el liderazgo se han convertido en el mejor aliado de la impunidad. Con justa razón, se alzan así las voces que plantean una reforma total del Ministerio Público y que esta incluya el recambio de los actuales fiscales supremos.

Los pleitos internos en el Ministerio Público no son recientes. Lamentablemente tienen ya varios años y no hay una solución a la vista. Los jóvenes que han egresado o que están por egresar de las facultades de Derecho han transcurrido su etapa de formación universitaria presenciando, a través de los medios de comunicación, las pugnas en la Junta de Fiscales Supremos. Y con esa imagen comenzarán su vida profesional. Sin duda, no ha sido el mejor ejemplo para aquellos que desean hacer carrera en la magistratura.

La Junta Nacional de Justicia ya debe estar evaluando su respuesta a la decisión del Noveno Juzgado Constitucional. Y es bastante probable, tomando en cuenta los antecedentes, que esta no pondrá punto final al caos, sino que lo extenderá indefinidamente.

Mientras el Ministerio Público y la JNJ continúan enfrascados en esta pelea de pulpos, la ciudadanía, víctima diaria de extorsionadores, sicarios y del crimen organizado en general, clama por soluciones concretas contra la delincuencia. No le importa quién tiene o no la razón en este embrollo jurídico. Las ambiciones efímeras deben quedar de lado cuando lo que está en juego es la seguridad de una población que vive amenazada por el miedo a salir a las calles.