El gobierno no cumple todavía un mes en el poder y ya Juntos por el Perú (JP), el partido derrotado en la segunda vuelta, está empeñado en interpelar a tres de sus ministros. A saber, Rafael Belaunde de Defensa, Guillermo Shinno de Energía y Minas, y César Astudillo del Interior. En lo que concierne al primero, la moción ya ha sido presentada en el Congreso; la que involucra al segundo será retirada para reformular el cuestionario; y en lo que toca al tercero, la iniciativa se encuentra en preparación.
El apuro por interrogar a miembros del Gabinete cuya gestión apenas ha empezado es desde luego insólito –nunca antes se había presentado un escenario así a tan poco de haberse estrenado una administración gubernamental– y lleva a preguntarse por los motivos no expresados en los pliegos interpelatorios que pudieran existir tras ello. No se puede descartar que exista en JP un afán de represalia política por el resultado adverso del balotaje. Pero eso no puede ser todo. Hace falta hilar más fino para detectar las razones de una determinación que hasta sus aliados en la entente izquierdista que hace mayoría en la Cámara de Diputados encuentran prematura. Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, por citar un caso, considera que las propuestas están “fuera de lugar” y que “no es el momento de interpelar a los ministros”. Mientras que Víctor Piñán, del Partido Cívico Obras, ha señalado: “No en todas [las mociones] estamos de acuerdo; sobre el ministro de Defensa, por ejemplo, creemos que es muy precipitado que estén presentando esa interpelación”.
¿Qué es lo que mueve entonces a la organización liderada por Roberto Sánchez y a su bancada a ejercer presión sobre los titulares de los referidos sectores? ¿Hay algún terreno en el que las responsabilidades de los tres ministros coincidan? Pues, sí: la minería; y particularmente, la ilegal… Una materia que, precisamente, ha sido central en la acción política del partido en cuestión. Hemos recordado frecuentemente en este Diario los empeños de Sánchez durante el período parlamentario anterior y durante su campaña presidencial por favorecerla, así como lo llamativo que resulta que hayan colocado a la representante Yenifer Paredes en la presidencia de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja.
La circunstancia, pues, de que los miembros del Gabinete a los que se quiere llevar al Congreso tengan que lidiar con la minería ilegal y con las tareas de prevenir y reprimir el crimen asociado a ella habla, a nuestro parecer, por sí sola.
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