Editorial El Comercio

A pesar de la expresión general de confianza en su equipo que había dado , titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), nadie en realidad se sorprendió demasiado cuando, horas después, llegó el anuncio de cambios en el .

Sin embargo, de las tres sustituciones realizadas, solo una se caía de madura, y otras quedaron pendientes. Julio Demartini, cabeza del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), era una figura que a estas alturas le restaba al Gabinete y a la imagen política de la presidenta Dina Boluarte mucho más de lo que le sumaba. Envuelto en el escándalo de Qali Warma –que involucra desde la intoxicación a escolares hasta el aparente homicidio de un proveedor–, su salida era previsible.

Las salidas de Teresa Hernández, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de José Arista, ministro de Economía y Finanzas, aunque menos obvias, son también entendibles. Arista, en particular, tuvo una gestión de claroscuros, con algo de énfasis en el oscuro. Si bien logró dar predictibilidad al manejo económico en su relación con el sector privado, fue más bien desprolijo con la disciplina fiscal que ha caracterizado al MEF de las últimas tres décadas. Como su antecesor en el cargo, Alex Contreras, incumplió la regla fiscal del déficit durante el 2024, solo que durante el año pasado no hubo recesión que lo pudiera justificar. Bajo su cuidado, el déficit cerró el 2024 en 3,6% del PBI, una proporción que –excluyendo la pandemia– no se veía desde el siglo pasado. Parte de lo que explicó este abultado resultado fueron las transferencias a Petro-Perú, empresa pública quebrada en la que el mismo Arista permitió que volvieran al directorio y la gestión algunos de los responsables de su insolvencia.

José Salardi, su reemplazo en el MEF, deberá prestar mayor atención a las cuentas públicas, y la vez contener de forma más decidida los excesos del Congreso en materia económica y fiscal. La debilidad del MEF frente al Legislativo es evidente cuando ya ni se molesta en impulsar la observación de autógrafas de ley que cualquier economista sabe son perjudiciales para el país. Vaya guardián.

Por su parte, los dos cambios ministeriales obvios que la presidenta no quiso implementar fueron los de Eduardo Arana, titular de Justicia investigado como presunto instigador del delito de tráfico de influencias, y de Juan José Santiváñez, titular de Interior, quien se ha mostrado incapaz de enfrentar la ola de criminalidad que avanza sobre el país.

Con un año preelectoral que recién inicia, es indispensable contar con un Gabinete sólido, empoderado y técnico, capaz de hacer frente a la andanada populista que podría llegar desde el Legislativo. La mandataria se quedó muy corta con la rotación de fajines si ese era el objetivo.

Editorial de El Comercio

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