A raíz del horroroso asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, la presidenta Dina Boluarte ha demandado abrir el debate sobre la posibilidad de imponer la pena de muerte a los violadores de menores en nuestro país. Conviene preguntarse en este contexto, sin embargo, cuántas veces hemos escuchado a un político agitar esa propuesta en las últimas décadas y cuántas veces, después de provocar algún barullo, la iniciativa ha sido descartada. ¿En cuántas de esas ocasiones, por otra parte, el llamado ha coincidido con un momento en el que el referido político vivía un trance incómodo o necesitaba levantar su popularidad?
Con justa razón, la violación de un niño o niña produce repulsión en la ciudadanía; y si ha conducido a la muerte del menor, una indignación sin límites. En medio de esa rabia e impotencia, someter al perpetrador del crimen a la pena de muerte aparece como una opción viable. Si, como la información disponible sugiere, la drástica medida no actúa como un elemento disuasor del delito, por lo menos le impone a su perpetrador un castigo proporcional al abuso cometido y se asegura que no pueda volver a cometerlo…
Como se sabe, el argumento tiene también un reverso que muchas personas alrededor del mundo suscriben. Pero no son sus pros o sus contras lo que queremos poner de relieve aquí, sino la manera en que, a sabiendas de que la propuesta es difícil de materializar, los políticos suelen utilizar una tragedia así para sus fines. Establecer la pena de muerte entre nosotros, en efecto, requeriría cambiar la Constitución, denunciar el Pacto de San José (por lo que sería de trámite complicado y le acarrearía al Perú consecuencias internacionales delicadas) y no tomaría menos de dos años… Un tiempo que excede ciertamente el que le queda a la señora Boluarte en la presidencia.
Daría la impresión, por lo tanto, de que, como tantos otros políticos antes que ella, la gobernante no ha hecho otra cosa que desempolvar un antiguo recurso retórico –un tópico, en buena cuenta– para intentar distraernos de los aprietos en los que se encuentra por estos días por los asuntos relacionados con el vehículo presidencial (conocido como ‘cofre’) o el posible abandono del cargo por el que la investiga la fiscalía a raíz de la rinoplastía a la que se sometió el año pasado con absoluto hermetismo. Y produce auténtica grima ver a sus ministros del Interior, Economía y Salud tratando de llevarle el amén. Los viejos trucos no engañan a nadie y colocan más bien a quien pretende usarlos bajo una luz patética.
WUF
