Uno de los dolores de cabeza de las autoridades constitucionales, legislativas y electorales de los últimos años ha sido encontrar una solución razonable a los casos de personas con causas penales que desean postular a cargos de elección popular. En este terreno complicado, lo que se espera es que por lo menos cada institución juegue el rol que le corresponde. No es eso, sin embargo, lo que ha sucedido frente a la postulación presidencial de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, por el partido Perú Primero.
Esta semana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó las tachas que se presentaron contra su candidatura debido a que Vizcarra arrastraba una condena por peculado, es decir, corrupción de funcionarios. Ahora, el camino ha quedado limpio para que participe de la carrera a pesar de que la Ley 30717 impide claramente que postulen personas que han sido encontradas culpables por este delito –además de otras ofensas graves como violación sexual, terrorismo o narcotráfico– aun “si hubieran sido rehabilitadas”.
Hace dos semanas, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro había declarado improcedente la inscripción de la plancha presidencial de Perú Primero. Ahora, el JNE la pone de nuevo en competencia. De acuerdo con una entrevista al presidente del JNE publicada ayer en este Diario, el organismo ha tomado en cuenta fallos pasados del Tribunal Constitucional (TC) que reponían candidatos, además de su propio criterio para “buscar un punto medio entre lo que es una inhabilitación permanente y las exhortaciones del TC”. Así, en una interpretación novedosa, el JNE fijó un arbitrario plazo de 10 años para la inhabilitación permanente de la que habla la ley, pasando por encima del Congreso y favoreciendo a Vizcarra.
Pero no es solo Vizcarra. Con esta resolución, el JNE abre las puertas a que cualquier condenado para el que hayan transcurrido 10 años desde el fin de su condena e inhabilitación, y haya pagado su reparación civil, pueda postular. El precedente es nefasto. El sentido de la ley era precisamente evitar que se dieran situaciones como estas, en las que personas que han sido halladas culpables de los delitos más graves luego puedan ejercer los máximos niveles de responsabilidad política. Los partidos políticos, se sabe ya, no son mayor filtro. En vista de la desprotección en la que deja el JNE a la cédula electoral, el único atenuante efectivo será mucha más y mejor información entre la ciudadanía para no elegir a quienes han demostrado no merecer su voto.
WUF
