La lucha contra la minería informal e ilegal en nuestro país se encuentra atrapada en un bucle nocivo. Pasan presidentes, titulares del sector Energía y Minas y congresistas, pero el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) logra subsistir, a pesar de haber surgido como una medida temporal y haberse convertido hoy en un mecanismo de impunidad.
Cada ampliación, desde su creación en el 2016 –hace ya casi una década–, es, en la práctica, una muestra implícita de la incapacidad del Estado para asumir y resolver el problema. Un tema complejo, sí; pero que amerita una respuesta urgente y no más dilaciones.
Por eso mismo, llama la atención que el nuevo titular del sector, Guillermo Shinno, haya deslizado la posibilidad de que se otorgue una nueva prórroga del Reinfo, la que, para efectos prácticos, sería la sexta. Ha anunciado, además, que su cartera presentará una nueva propuesta de ley MAPE, adelantando su postura hacia medidas “ad hoc” para este sector y asegurando que “se le exige demasiado”, prácticamente lo mismo que a la “gran minería”. Pero, sobre todo, ha indicado que esta propuesta sería enviada al Congreso recién en noviembre; es decir, dentro de más de dos meses.
Es ingenuo creer que una iniciativa de este tipo, presentada al límite del vencimiento de la última prórroga (el 31 de diciembre próximo), será consensuada, aprobada en las dos cámaras del Congreso y promulgada antes del plazo. El resultado de esta ecuación es más que obvio y solo hace recordar tiempos pasados. Pero el problema no es solo el umbral.
Llama la atención que una de las primeras acciones de Shinno haya sido una mesa de diálogo con los mineros informales; es decir, con aquellos a los que se debe regular. Recordemos que la Confemin no ha tenido reparos en presionar a los gobiernos de turno, llegando incluso a advertir sobre un eventual riesgo para el normal desarrollo de las elecciones del 2026 si no se accedía a sus pretensiones.
Toda la narrativa esbozada solo deja la sensación de que la impunidad será perpetuada, una vez más. A estas alturas, el “diagnóstico” ya ha sido discutido ampliamente en innumerables y largas mesas técnicas y grupos de trabajo, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Lo que se necesita ahora es un gobierno que tome decisiones y actúe con firmeza.
Hay quienes insisten en presentar este tema como un problema entre “chicos” y “grandes”. Es la propia fiscalía la que ha advertido que el Reinfo se ha convertido en un escudo legal para la minería ilegal, al generar un blindaje frente a interdicciones y procesos penales.
En suma, se ha estimado que la maquinaria dedicada a la minería ilegal puede generar más de S/30.000 diarios y que ya mueve siete veces más dinero que el propio narcotráfico. Por eso mismo, es obvio quiénes son los que se aprovechan de estas dubitaciones. Quizá ha llegado el momento de que los principales convocados a estas mesas técnicas sean quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar y combatir este flagelo; no solo aquellos que deben ser fiscalizados.
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