Ayer el Ministerio Público informó que había presentado al Congreso de la República dos nuevas denuncias constitucionales contra Pedro Castillo, a fin de que los legisladores autoricen el procesamiento contra el expresidente en ambos casos.
La primera de ellas incluye al expresidente del Consejo de Ministros y actual legislador Guido Bellido (Podemos Perú) por el presunto nombramiento ilegal de Juan Carrasco Millones como ministro del Interior en julio del 2021. Como se recuerda, Castillo y Bellido juramentaron a Carrasco cuando este todavía era fiscal provincial titular contra el crimen organizado en Chiclayo, algo expresamente prohibido por la ley. Para varios expertos consultados por este Diario en su momento, el hecho de que él haya pedido licencia sin goce de haber unos días antes de ser investido ministro no subsanaba el problema, pues tenía que renunciar al Ministerio Público… cosa que hizo recién el 2 de agosto y que se oficializó un mes después, cuando la Junta de Fiscales Supremos aceptó su dimisión.
La segunda denuncia es por presunto peculado de uso e involucra la utilización por parte de Castillo y varios de sus familiares de un avión y dos helicópteros de la FAP que los trasladaron desde la capital hasta Cajamarca con la finalidad de asistir a un cumpleaños en octubre del 2021; es decir, para fines que nada tenían que ver con el cargo que desempeñaba. El viaje le habría costado al Estado más de S/56.000 y fue denunciado en su momento por el dominical “Panorama”.
Ambas denuncias, además, se vienen a sumar a una lista de procesos que viene enfrentando Pedro Castillo desde que dejó el poder, lo que reafirma la poca estatura moral de quien hoy está recluido en el penal de Barbadillo. Antes de ellas, como sabemos, fue denunciado por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del 2022; por los ascensos irregulares en la policía y las Fuerzas Armadas; por corrupción y organización criminal en los casos Puente Tarata, Petro-Perú y Ministerio de Vivienda; y por el nombramiento de Daniel Salaverry como presidente del directorio de la petrolera estatal.
Corresponde, entonces, que el Parlamento acepte la solicitud del Ministerio Público y que sea este, o eventualmente el Poder Judicial, el que dirima la responsabilidad de Pedro Castillo. Los peruanos debemos conocer todas las trapacerías que se cometieron en su gobierno.
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