Lima bajo cupo

Estas páginas recogían ayer la frustración sobre la pobre actuación del gobierno frente a la asonada criminal en Pataz, La Libertad, zona declarada en estado de emergencia. A pesar de atentados que ocasionan regularmente muertos, heridos y daños a infraestructura crítica, la autoridad brilla por su ausencia.

Una reflexión similar viene a cuento en las vías de la ciudad capital. De acuerdo con un informe publicado ayer por este Diario, las mafias controlan ya más de 300 kilómetros de caminos de transporte público en Lima. Las siete rutas más importantes, con mayor presencia de pasajeros, están tomadas. Arterias indispensables para el funcionamiento de la ciudad, como la Panamericana Norte o las avenidas Túpac Amaru, Angamos y Brasil han pasado a ponerse bajo la jurisdicción del crimen organizado. Los ciudadanos, que día a día vemos y utilizamos buses, combis y mototaxis en estas y varias avenidas centrales, no somos siempre conscientes de que estas unidades operan, literalmente, bajo amenaza de muerte a cada momento.

La masificación de las extorsiones al transporte público de Lima –en buena cuenta facilitadas por la informalidad del sector– lleva cerca de dos años. Especialistas anotan que esta ha servido de punto de partida para el crecimiento de las extorsiones a diversos negocios en la capital. Situaciones similares se viven en otras regiones como La Libertad y Piura, y en parte del transporte interprovincial.

Vale recordar que, en setiembre del año pasado, el gobierno declaró en emergencia 14 distritos de Lima y Callao, entre los que se contaban Ate, Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador. A mediados del mes pasado, hizo lo mismo con toda Lima Metropolitana y el Callao. A juzgar por el uso político que se le dio desde el Ministerio del Interior, en contraste con sus magros resultados, la medida del estado de emergencia tiene más de efectista que de efectiva, y denota falta de ideas, de capacidad y de voluntad en el gobierno para enfrentar el problema.

Así, una de las consecuencias más preocupantes de la situación es la normalización de la violencia y la coacción frente a las narices de todos los ciudadanos. Es evidente dónde y cómo operan las mafias del transporte. Este Diario informa con detalle al respecto; la policía debe tener la misma información y más. Pero no pasa nada. Las detonaciones, ataques armados y homicidios, que se suceden un día sí y otro también en las avenidas principales, hacen de este un tema que debería estar al tope de cualquier agenda política. Varias empresas han dejado de trabajar. Millones de ciudadanos viven atemorizados por su siguiente traslado a la escuela o centro de trabajo. ¿Cuándo será suficiente?