La justicia de Perú Libre

La bancada de Perú Libre ha evidenciado nuevamente su estrategia para socavar las bases del sistema judicial peruano. El más reciente episodio de esta ofensiva contra la independencia de la justicia es el proyecto de ley que busca prohibir que fiscales y policías divulguen información sobre detenciones preliminares en casos de no flagrancia, bajo amenaza de ser sancionados con infracciones muy graves que podrían derivar en suspensiones o destituciones.

Esta iniciativa, respaldada por Flavio Cruz, María Agüero, Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Américo Gonza, constituye una evidente mordaza al Ministerio Público y la Policía Nacional. No es casual que especialistas consultados por El Comercio califiquen la propuesta como un intento de “cortarles las manos a los encargados de las investigaciones preliminares”. El proyecto impediría que la ciudadanía esté informada sobre la labor de estas instituciones en la lucha contra la criminalidad y obstaculizaría que nuevas víctimas puedan identificar a sus agresores.

Esta no es una iniciativa aislada. En marzo del 2024, El Comercio documentó al menos 16 proyectos de ley presentados por legisladores de Perú Libre que interfieren directamente en el sistema judicial. Desde entonces, el trabajo legislativo de esta bancada no ha cesado en su objetivo: propuestas para crear una comisión parlamentaria para fiscalizar a jueces y fiscales, iniciativas para que los hábeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial, proyectos para evitar que los partidos políticos sean investigados como personas jurídicas, la eliminación de la detención preliminar salvo en casos de flagrancia –en el que el Legislativo retrocedió a pesar de los votos en contra de Perú Libre–, entre otros.

No es difícil detectar el beneficiario directo de estas propuestas. Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, permanece prófugo de la justicia desde hace más de un año. Su hermano Waldemar, segundo vicepresidente del Congreso, ha presentado al menos 14 iniciativas orientados a debilitar el sistema de justicia y con ello favorecer al exgobernador regional de Junín y a diversos partidarios investigados por el caso de Los Dinámicos del Centro. El conflicto de intereses es flagrante, pero desde dicha agrupación hace tiempo que parecen haber perdido la vergüenza en ello.

La democracia no puede ser ingenua ante este intento sistemático de Perú Libre por avasallar el sistema de justicia. En un país que enfrenta una grave ola de crimen organizado, lo que se necesita es más transparencia y eficiencia en el sistema de justicia, no mordazas que obstaculizan su ya difícil accionar. Las iniciativas de Perú Libre no buscan mejorar la administración de justicia, sino condicionar su independencia para proteger los intereses particulares de su líder; es decir, buscan una justicia hecha a la medida de Perú Libre para favorecer a Vladimir Cerrón.