Una nueva fuga

Una rudimentaria soga que nacía en la parte alta de un muro y llegaba hasta la acera llamó la atención de los efectivos de la Municipalidad de San Miguel que patrullaban la zona en las primeras horas del viernes. Intuyendo lo que el hallazgo significaba, dieron la alerta al local del que emergía la cuerda, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, mejor conocido como Maranguita, cuyas autoridades iniciaron inmediatamente un reconteo de reclusos y confirmaron que seis de ellos habían desaparecido.

Es la segunda vez en menos de dos semanas que un centro de reclusión peruano sufre una fuga. El 21 de abril, como se recuerda, un reo huyó del penal de Lurigancho trepando uno de los muros exteriores en una huida que quedó registrada en video. El Ministerio de Justicia –responsable de la política penitenciaria– inició ayer un operativo en simultáneo en las 68 cárceles del país, en lo que parece más una respuesta desesperada para contener la ola de críticas que le han caído encima.

La realidad, sin embargo, es que estos episodios ponen de relieve la urgencia de una reforma que se ha ido postergando año a año y que suele ser olímpicamente ignorada cuando se discute el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú: la del sistema penitenciario. Desde hace tiempo, las cárceles peruanas son lugares corroídos por la corrupción, el crimen organizado y el hacinamiento, donde los presidiarios, lejos de resocializarse, aprenden nuevas mañas criminales y desde donde se realizan muchas de las llamadas extorsivas que tienen en vilo a numerosos compatriotas. Todo esto, por cierto, se sabe, pero suele olvidarse hasta que episodios como los de estas semanas nos explotan en la cara.

El caso de Maranguita es especialmente alarmante debido a que personal del centro de reclusión habría sido cómplice de la fuga, lo que acrecienta la percepción de un sistema penitenciario corroído por la corrupción. Por otro lado, es sintomático de la pésima situación de los centros de reclusión de menores (existen nueve en todo el país y un anexo en el penal Ancón 2). Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2020, en la mayoría de estos establecimientos la infraestructura presenta “serias deficiencias” porque “no fueron edificados o diseñados para ser centros de detención”. Asimismo, casi todos enfrentan el problema del hacinamiento, que es transversal al sistema penitenciario peruano, y que va desde el 9% de Maranguita hasta el 69% del centro de reclusión juvenil de Pucallpa. Un problema que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó arreglar en el 2020 y que, cinco años después, como reveló un informe de este Diario, continúa latente.

La reforma del sistema penitenciario peruano es, pues, una urgencia y no deberíamos esperar a una nueva fuga para que nuestras autoridades recién pongan manos a la obra.