El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, no está oficialmente en segunda vuelta, pero el conteo de la ONPE obliga a una revisión crítica de sus posturas.
Sus propuestas, por lo general, apelan a subvertir buena parte del orden institucional del país. Ahí está, por ejemplo, su promesa para indultar al golpista expresidente Pedro Castillo, como si su intento de captura total del poder hubiera sido apenas una pequeña broma transmitida por cadena nacional. Al mismo tiempo, se dispone a ahogar progresivamente a la gran minería (con mayores impuestos, prohibiciones de operación, etc.), reemplazar al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y otras iniciativas para desmantelar diligentemente lo que sí ha probado funcionar en el Perú.
La mejor expresión de esta vocación radical es, sin duda, su insistencia en instaurar una nueva Constitución Política en el país. Lejos de moderar su discurso, el fin de semana pasado, Sánchez, actual congresista y exministro de Castillo, dijo que él cree en un “Perú de todas las sangres para un nuevo comienzo patriótico y eso significa una nueva Constitución”.
La formulación del planteamiento de Sánchez –con énfasis maniqueo en la identidad y la división internas antes que en la unión y la visión conjunta del país– es un calco de los procesos constitucionales que sufrieron países como Bolivia, Venezuela o Ecuador en el último cuarto de siglo en la vorágine del llamado socialismo del siglo XXI. Sus consecuencias aquí serían las mismas.
El candidato de Juntos por el Perú cuestionó también que la actual Constitución haya tenido más de 50 reformas “a puertas cerradas” por el actual Congreso. La afirmación es imprecisa y malintencionada pero, en cualquier caso, ilustra nítidamente un punto que él soslaya: la actual Carta Magna permite modificaciones dentro del propio sistema constitucional. Si se quieren implementar reformas, estas se pueden hacer con el apoyo necesario de ambas cámaras del Congreso y, eventualmente, de la ciudadanía vía referéndum. Por ahora, felizmente, la correlación de fuerzas en el interior del Legislativo no parece favorable al salto al vacío que significaría una nueva Constitución. Pero eso no quiere decir que no haya que tomar en serio el daño institucional que hace este discurso radical, confrontacional y antisistema de un candidato presidencial a punto de pasar a segunda vuelta.
