Editorial: Donde habitaba el silencio

La denuncia contra el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) por haber acosado sexualmente a una periodista mediante mensajes de texto no es la primera de este estilo que se ventila en el actual Congreso. Como se recuerda, el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) se encuentra suspendido tras la acusación por tocamientos indebidos de una aeromoza y su compañero de bancada, el legislador Luis López Vilela, está en la misma situación, acusado de haberle dado “un masaje” a la parlamentaria Paloma Noceda que esta calificó como “asqueroso”.

Aparte de la indignante naturaleza de los hechos, lo acontecido con los tres parlamentarios guarda algunas similitudes. Una de las que más llama la atención sin duda es la falta de coraje para asumir en primera instancia las consecuencias de la propia acción y refugiarse, más bien, en elucubraciones poco verosímiles y actitudes burlescas.

En el caso del congresista López Vilela, el video que emitió durante el debate del informe de la Comisión de Ética sobre su situación en el pleno –en el que muestra a diversos parlamentarios intercambiando saludos y afectos que, a su juicio, serían equivalentes a su comportamiento con Noceda– tuvo más de ofensivo e inadecuado que de explicación. El legislador Mamani ensayó una historia increíble respecto a una supuesta descompensación por la que fue bajado del avión –luego desmentida por la aeromoza y la propia aerolínea– para, mes y medio después, burlarse del hecho en un video. Recientemente, el congresista Lescano acusó sin mayores pruebas a sus agentes de seguridad de haber manipulado su teléfono y enviado los cuestionados mensajes. Posteriormente dijo que “capaz” eran “bromas subidas de tono”.

Aunque las investigaciones de estos casos aún siguen en proceso, los argumentos de defensa de los acusados tendrían que mejorar ostensiblemente si aún esperan salir bien librados (algo que, en realidad, parece poco probable). En caso no se encuentren creíbles sus justificaciones y coartadas, los congresistas deberán ser sancionados como corresponda y sin miramientos políticos.

Sobre esto último, sin embargo, queda entre algunos una sensación de doble discurso. Fuerza Popular, grupo que ha dilatado el proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria para el congresista Mamani y que fue poco enfático para sancionar al congresista López Vilela, por ejemplo, pidió a través de un comunicado “cerrar filas contra el acoso” a partir del caso de Lescano y sancionar la inconducta “con todo el peso de la ley”. La propia bancada de Lescano, Acción Popular, ha sido también, por el momento, tibia en la reacción.

Las consideraciones políticas deben quedar absolutamente al margen de las investigaciones y eventuales sanciones, pues la importancia de estos casos trasciende por mucho a los directamente involucrados. Si algo bueno debe salir de estas denuncias ampliamente difundidas es la sensación de que no se puede más tolerar impunidad en temas de acoso u hostigamiento sexual. Manejar estas acusaciones con sumo cuidado es imperativo, pero, una vez establecida la culpabilidad, las instituciones responsables deben actuar con presteza y severidad.

A fin de cuentas, la atención pública que concitan estos debates debe aprovecharse para establecer un ejemplo entre la ciudadanía de que los tiempos están cambiando y que las denuncias hoy son escuchadas, las víctimas tomadas en serio y los victimarios castigados. Pues si esto sucede con cierta regularidad en el seno del foro más alto de discusión democrática nacional, ¿con qué regularidad no sucederá –en silencio– fuera de él?