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Editorial: Cuentas claras

Se necesita avanzar en la investigación de los aportes de Odebrecht a campañas políticas para culminar con los rumores.

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En una parte del video de Kenji Fujimori con Moisés Mamani se afirma que Letona, Alcorta y Galarreta fueron financiados por Odebrecht. (Foto: El Comercio)

Las conversaciones que el congresista Moisés Mamani sostuvo con sus colegas del bloque liderado por Kenji Fujimori y funcionarios del Ejecutivo siguen generando repercusiones, conforme se van difundiendo las subrepticias grabaciones.

El contenido de un video en particular, en el que Kenji se jacta de haber logrado la liberación de su padre, Alberto Fujimori, y de contar con capacidad de influencia en otras entidades estatales, ha provocado un nuevo altercado a nivel del Poder Legislativo. Y no únicamente por los alardes antes señalados, sino por una aseveración que vincula a parlamentarios de Fuerza Popular con la empresa Odebrecht.

En una parte de la conversación que sostenían Moisés Mamani, Guillermo Bocangel y Kenji Fujimori, se escucha a este último afirmar: “Letona, Alcorta y Galarreta fueron financiados por Odebrecht. ¿No dicen que había congresistas que han recibido plata de Odebrecht?”.

Como era previsible, los legisladores aludidos han aireado su molestia ante las expresiones del benjamín de los Fujimori, demandando su rectificación. Al mismo tiempo, tanto ellos como los voceros y representantes de otras cinco bancadas (Peruanos por el Kambio, Célula Parlamentaria Aprista, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Nuevo Perú), han pedido que el Ministerio Público investigue estas afirmaciones.

Para esto resulta crucial, por supuesto, la participación de los representantes de Odebrecht en el Perú. Ya en marzo de este año, durante un interrogatorio ante los fiscales peruanos, el ex superintendente de la compañía brasileña en el Perú se había referido a los aportes de la constructora a las campañas electorales de algunos postulantes al Palacio Legislativo. Ante la interrogante de si se ordenó la entrega de contribuciones económicas a los candidatos al Congreso y al Parlamento Andino de Fuerza 2011 o Fuerza Popular, Barata respondió: “Supuestamente los recursos que fueron entregados al señor Yoshiyama servían no solo para la campaña de Keiko, sino también para la campaña de los congresistas […]. Era utilizado por todos”. Y añadió: “[Los postulantes a congresistas] hacían campañas regionales. Buscaban a veces a [los encargados de] algunas obras, y pedían apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin”, según detalla IDL-Reporteros.

En otro momento de la conversación Barata hizo una mención más general sobre los aportes al Legislativo: aseguró que se hizo donaciones “a todos los partidos” que estaban en el Parlamento en el 2011. “Entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo […]. También pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”, sostuvo.

Sin embargo, el ex representante de la constructora brasileña no habría precisado el nombre de ningún parlamentario supuestamente beneficiado con los distintos tipos de apoyo mencionados. Por su parte, desde que el video se hizo público Kenji Fujimori tampoco se ha pronunciado sobre su acusación contra los parlamentarios de Fuerza Popular, sea para ratificarla o descartarla. Algo que haría mucha falta, más aun debido a la suspicacia que ocasionó su ofrecimiento hace unos días para ser “testigo en los casos que sea necesario” y demostrar “quiénes son los corruptos”, en críptica alusión a los integrantes del grupo político que alguna vez integró.

Así las cosas, resulta imperioso que, si Kenji Fujimori efectivamente tiene algo que aportar a las investigaciones del Ministerio Público, lo haga inmediatamente, sin postergaciones. Y, de igual forma, es menester que la fiscalía progrese en sus indagaciones y complete los interrogatorios que resulten necesarios con los funcionarios de Odebrecht.

Pues, más allá de que el financiamiento no declarado de una campaña política, por sí solo, no es un delito (habría que esclarecer si hubo conocimiento o sospecha del origen ilícito de los fondos y acciones para su ocultamiento), sí resulta relevante saber cómo solventaron las campañas electorales quienes postularon al Congreso y al Gobierno, y qué tipo de relaciones entablaron con ciertas empresas.

Tan importante como lo anterior es dilucidar, de una vez por todas, qué autoridades o dirigentes políticos –de cualquier tienda política– habrían mentido a la ciudadanía negando sus vínculos con la constructora brasileña, y quiénes no tienen responsabilidad en este trance. Al final del día, hasta que las cuentas entre Odebrecht y los congresistas y partidos no estén claras, seguirá flotando sobre todo el elenco político actual –inocentes y culpables– una suerte de espada de Damocles, que se aproxima a sus cabezas ante cualquier acusación, por más barato que sea el valor de su contenido.

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