Editorial: Improcedentes e inadmisibles

El pasado 19 de junio, se cerró el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones regionales y municipales de este año y, en el caso de la ciudad de Lima, la cantidad de postulantes llamó poderosamente la atención. Ni más ni menos que 21 organizaciones políticas presentaron a un aspirante a suceder a Luis Castañeda Lossio, acompañado por el correspondiente equipo de 39 candidatos a regidores. Y ahora, una semana después, la cantidad de esas postulaciones que han sido declaradas “improcedentes” o “inadmisibles” por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro vuelve a sorprender.

Son 20, en efecto, las postulaciones que al haber caído bajo la primera o la segunda de esas calificaciones se encontraron en algún momento, o hasta ahora, en entredicho. Solo la que encabeza Roberto Gómez Baca (Vamos Perú) ha pasado el escrutinio de la autoridad electoral sin problemas; esto es, sin que se hayan encontrado irregularidades en su solicitud de inscripción.

“Improcedentes”, cabe señalar, son las candidaturas que presentan problemas que, a juicio del JEE, ya no son subsanables; en tanto que “inadmisibles” son aquellas que han incurrido en faltas que sí lo son (pero deben ser enmendadas en un plazo de 48 horas si la organización en cuestión quiere seguir en carrera). En consecuencia, si bien las primeras tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), su situación es mucho más grave que la de las segundas.

En general, sin embargo, lo que se detecta por doquier es incumplimiento de las normas de democracia interna o improvisación, lo que habla muy mal de la seriedad con la que las agrupaciones políticas concernidas enfrentan la responsabilidad de pedir el voto ciudadano para acceder a una posición de poder en su nombre.

Veamos, si no, en qué consisten los defectos identificados en uno u otro caso. Entre las candidaturas consideradas improcedentes, por ejemplo, se encuentra la de Enrique Cornejo (Democracia Directa), porque el mandato del órgano que convocó al proceso interno en el que se lo eligió candidato estaba vencido. Y en los casos de Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y José Gil Becerra (Todos por el Perú), las elecciones internas se produjeron con posterioridad al plazo máximo concedido para ello por la ONPE, que era el 25 de mayo.

Entre las razones invocadas para la inadmisibilidad de las otras 15 listas, por otro lado, abundan el descuido de parte de aspirantes a una regiduría o a la alcaldía que ostentan actualmente cargos públicos y no han presentado la solicitud de licencia de goce de haberes que la ley les demanda, así como las omisiones de acreditación de domicilio dentro de la circunscripción por la que se postula. Todo esto amén de faltas de firmas y huellas digitales en la documentación requerida para formalizar las postulaciones. Y entre las agrupaciones que incurren en estos problemas, se cuentan algunas como Fuerza Popular, el Partido Popular Cristiano (PPC), Acción Popular o el Frente Amplio, que cualquiera imaginaría ya suficientemente experimentadas en justas electorales como para pasar por alto detalles tan relevantes.

Si agregamos a esto, además, a los seis alcaldes distritales limeños que han pretendido postular a la reelección a pesar del impedimento constitucional expreso que existe al respecto, el cuadro del compromiso de la mayoría de organizaciones políticas con las reglas de juego cuya observación resulta indispensable para el funcionamiento de la democracia luce desolador.

¿Tienen acaso todas ellas explicaciones plausibles para tanta desidia? Si es así, harían bien en exponerlas ante la ciudadanía sin demora porque de otra manera lo que queda es la sensación de que al presentar candidaturas improcedentes o inadmisibles solamente están cumpliendo con un enojoso trámite o ritual, pero en realidad no quieren hacerse cargo de la capital. Y contar con ese tipo de información antes de ir a las urnas es fundamental.