El atajo de la curul

Desde estas páginas nos hemos pronunciado en más de una ocasión a favor de la reelección de autoridades y de la necesidad de contar con técnicos y políticos experimentados al frente de los órganos de máxima decisión del Estado. Es innegable que la improvisación en los altos cargos de todos los poderes públicos nos ha pasado una abultada factura en los últimos años.

Pero esta reflexión general y evidente viene también con matices. De acuerdo con un informe publicado ayer en este Diario, hay al menos 56 exministros –entre quienes se ciñeron el fajín entre el 2001 y el año pasado– que están postulando al Parlamento en las elecciones de abril. Entre ellos, casi la mitad ejerció el cargo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. En concreto, 11 partidos políticos acogen las candidaturas de 24 miembros de los gabinetes castillistas. Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú (JPP) y también exministro de Castillo, es quien más colegas lleva en sus listas parlamentarias, incluyendo a Iber Maraví, Anahí Durand, entre otros. Los partidos Perú Libre y Podemos suman cada uno a cuatro exministros de Castillo con aspiración de curul adicionales.

Si bien es claro que un exministro puede tener conocimientos valiosos sobre el funcionamiento interno del Estado, la desproporción de funcionarios castillistas que quieren llegar a algunas de las dos cámaras legislativas llama a la sospecha. No sería descabellado pensar que los intereses de la cuadrilla no son solo políticos, o vinculados a las políticas de Estado, sino que más bien responden a un afán de proteger a los funcionarios de esa administración –incluyendo al propio Castillo– de posteriores investigaciones. Vale notar que muchos de ellos, a pesar de todo, han seguido haciendo política activa a favor del expresidente golpista en los últimos años. Para algunos, esa será incluso su plataforma de campaña.

Más allá del golpe de Estado, recuérdese que son varios los ministros y otros altos funcionarios los que entre, julio del 2021 y diciembre del 2022, enfrentaron serias investigaciones por corrupción, abuso de autoridad, ocultamiento de pruebas, entre otros. El sistema democrático les daría a algunos que participaron o que condonaron estas acciones la chance de volver a ocupar una posición de poder, pero eso no quiere decir que la merezcan. Y si llegaran a jurar como diputados o senadores, el resto de la sociedad deberá estar suficientemente atenta para asegurar que quienes delinquieron entonces no se salgan con la suya por la fuerza de los votos parlamentarios.