El cúmulo de voces que piden la salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, sigue creciendo. Ya no son solo partidos políticos o candidatos que participaron en la primera vuelta, sino también voces de la sociedad civil, como la Unión de Gremios. En un comunicado emitido ayer, esta solicitó a la Junta Nacional de Justicia que destituya al titular del organismo electoral, quien todavía se aferra al cargo, y que el nuevo jefe de la ONPE remueva a todos los funcionarios implicados en la cadena de irregularidades que han generado esta crisis que amenaza con demoler el prestigio de la institución.
Las abundantes irregularidades ocurridas antes, durante y después de la jornada electoral justifican estos pedidos y empañan un proceso sobre el que no debería haber un ápice de duda. Desde la indefendible elección de la empresa Galaga para el transporte del material electoral hasta la falta de tinta para las impresoras en los centros de votación, pasando por las fallas del sistema STAE y la falsa afirmación de algunos días antes, en el sentido de que ya todo el material electoral había sido despachado oportunamente a los locales, todo conspiró contra la legitimidad de los comicios en varios distritos del sur de Lima.
Pero Corvetto ha demostrado que no tiene vocación de renuncia. Lo demostró el domingo y lo reiteró el martes cuando se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Insistió en denominar un “error” a las irregularidades que se produjeron en el desarrollo del proceso electoral en la capital. Una manera edulcorada de darle nombre a la sucesión de despropósitos. De hecho, uno de los adjetivos elegidos por él mismo para calificar esa presunta equivocación durante la referida presentación tiene claras resonancias de acto fallido. Según Corvetto, en efecto, el error fue “puntual”… Y todos sabemos que el mayor de los problemas –aunque no el único como mencionamos líneas arriba– tuvo que ver con la demora en la instalación de mesas: todo lo contrario a la puntualidad. Esa demora ocasionó, como se sabe, que un número de electores, indeterminable pero innegablemente relevante para el resultado en la ajustada foto final a la que llegaremos, se retirase de los locales de votación sin haber ejercido su derecho ciudadano. La circunstancia de que aquello se produjese específicamente en Lima afectó, como es obvio, a los candidatos fuertes en la más populosa plaza electoral del país, protagonistas de la foto final a la que aludimos.
Vistas bajo esa óptica, las abundantes irregularidades de las que Corvetto es responsable sí pueden ser consideradas “puntuales”; esto es, minuciosamente calibradas para perjudicar algunas postulaciones. La noción de incompetencia es insuficiente para explicar tanta desidia y tanta contumacia en la negación de su existencia. Como hemos venido repitiendo desde este espacio, Corvetto no puede permanecer al frente de la organización que llevará adelante la segunda vuelta. Pero la sanción que pueda recibir por sus inconductas resuelve solo parte del problema. La gran pregunta es qué se va a hacer para reparar el daño que ellas han causado a estas elecciones en particular y a la democracia en general.