
El Estado les entrega a los partidos políticos con representación en el Congreso fondos públicos con los que solventar determinado tipo de actividades y necesidades. El monto de tales fondos depende de la última performance electoral de cada organización y su uso está limitado por ley a cinco rubros: formación, capacitación, investigación, funcionamiento ordinario y adquisición de activos fijos. Ocurre, sin embargo, que no son pocos los partidos que deciden destinar parte de ese dinero a otros fines o que, estirando los conceptos, hacen que ese dinero vaya a parar a manos de sus militantes o allegados.
Un ejemplo de lo primero es lo sucedido en Fuerza Popular a propósito de un viaje de su lideresa, Keiko Fujimori, a Estados Unidos, en mayo del año pasado. Más de S/27 mil de los referidos fondos fueron usados para pagar el importe de ese viaje, que supuso visitas protocolares y conversatorios que no calificaban como capacitación.
A Perú Libre, por otra parte, se le había observado ya la utilización de la financiación que le tocó en la elaboración de periódicos y la contratación de defensas legales durante el primer semestre del 2024. También, este Diario destapó que el partido del lápiz gastó S/120 mil para ponencias dictadas por sus propios militantes (a cada expositor se le pagó S/10 mil por su charla; una suerte, digamos, de sueldo encubierto). Y ahora, hemos alertado sobre un pago de S/100 mil a la empresa de Overall Health E.I.R.L., que tiene como gerente a Jorge Luis López Casas, un personaje allegado a Vladimir Cerrón, por una supuesta “capacitación en gestión pública”. La mentada empresa, empero, se promociona en las redes sociales sobre todo por ofrecer diplomados en tratamientos estéticos. En consecuencia, la tentación de interpretar la razón esgrimida para el pago como un pretexto es grande.
El problema, desde luego, es que las disposiciones al respecto son tan generales, que los esfuerzos por fiscalizar el uso de esos fondos públicos quedan muchas veces en intento. Habrá que ver si alguna de las circunstancias descritas acaba mereciendo sanción, pero lo cierto es que todas ellas alimentan los argumentos de los que se oponen a la sola idea de la financiación de los partidos por el Estado: no es algo que deba hacerse con el dinero de los contribuyentes, sostienen ellos, porque así uno acaba apoyando económicamente causas con las que no comulga. Un punto válido, a decir verdad, pero la situación que nos ocupa va mucho más allá, porque da la impresión de ser una manera embozada de, digamos, privatizar esos fondos públicos…
La financiación del Estado a las organizaciones políticas requiere, como es obvio, de una fiscalización mucho más severa que la que ha venido recibiendo hasta hoy.