Hace dos décadas y media, cuando empezó el proceso de descentralización política del Perú, uno de los principales argumentos de sus defensores era que tener alcaldes y gobernadores que viven en la misma jurisdicción que lideran los haría más cercanos a los problemas del día a día de sus habitantes. Mucho más que un foráneo, un vecino de cualquier distrito sabe de sobra, por ejemplo, qué vías importantes están en mal estado, por dónde falta iluminación y seguridad, o qué zonas tienen el mayor potencial de desarrollo económico.
Ese concepto, en principio razonable y positivo, deja de ser cierto si el regidor, alcalde o gobernador no vive realmente en la jurisdicción que encabeza. Y eso es lo que ha hallado un informe de este Diario publicado el último sábado para más de 10.000 candidatos en las elecciones regionales y municipales de octubre. El 10% de los aspirantes a un cargo de elección popular en esos comicios registra un domicilio legal fuera de la jurisdicción a la que postula. En el caso de Piura, por ejemplo, cuatro de los 20 postulantes al gobierno regional votan en otro departamento. Respecto de las organizaciones políticas con la mayor proporción de candidatos golondrinos, destacan el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) y el Partido Popular Cristiano (PPC).
Si bien la legislación electoral permite el domicilio múltiple y brinda cierta flexibilidad para otras situaciones particulares, la percepción inevitable es que hay un abuso de la figura de candidato foráneo. En la gran mayoría de casos, los habitantes de cualquier distrito o región presumirán que el candidato por el que votan conoce por dentro y por fuera su jurisdicción, pues vive ahí. No necesariamente saben que su vinculación con la zona se podría limitar a –por ejemplo– alquilar una oficina a la que nunca asisten.
Vale recordar que cerca de dos tercios de toda la inversión pública en el país se definen en las alcaldías y los gobiernos regionales. De hecho, bien podría argüirse que son estas entidades las principales responsables del cierre de brechas en temas de conectividad, educación, saneamiento y otros puntos claves para el desarrollo de cada comunidad a lo largo del país. Un alcalde o gobernador “foráneo” no necesariamente será peor que uno local, pero su elección ciertamente vulnera el espíritu de la ley, engaña a los votantes que esperaban depositar la confianza en un vecino, y empieza su gestión con la cancha inclinada en su contra al tener que empezar por familiarizarse con, por ejemplo, cómo llegar a sus propias oficinas.
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