Cuando se trata de promover intereses ilegítimos o ilegales, nunca es una sola bancada del Congreso la que se suma al empeño. La estrategia más efectiva es diversificar voces a lo largo de distintas tiendas políticas. De este modo, dispersos pero con coordinación y objetivos similares, se puede cubrir más flancos que cuando se concentra toda la artillería parlamentaria en un solo partido.
Esa estrategia es la que estarían siguiendo en las próximas elecciones los representantes de la minería ilegal. De acuerdo con un informe publicado ayer por la Unidad de Investigación de este Diario, en cinco regiones al menos 10 candidatos de dos partidos tienen Reinfo (vigente o suspendido), sanciones por extracción ilícita, o son representantes de asociaciones cercanas a esta actividad. La lista probablemente siga en aumento conforme más partidos transparenten a sus precandidatos. Es esperable que en las elecciones subnacionales de octubre del 2026 el número se multiplique.
Por el momento, Perú Libre y Podemos alojan a los aspirantes al Congreso identificados con vínculos con la minería ilegal, o lo que algunos ahí llaman “minería ancestral”. Raúl Noblecilla, por ejemplo, es candidato a vicepresidente con Podemos y también postula al Senado nacional. Él es asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú, adscrita a la Confemin, y también, según indica él mismo, abogado de Víctor Sánchez Iparraguirre, líder vinculado con la minería informal de Pataz.
La minería informal y la ilegal han demostrado capacidad operativa suficiente en el interior del Estado en los últimos años para mantener los privilegios que les permiten trabajar. La extensión indefinida del Reinfo es un ejemplo de varios. En algún momento, como se recuerda, hasta estuvieron cerca de entrar a operar en las mismas Líneas de Nasca. La habilidad y recursos de los mineros ilegales para entretejer sus intereses con los que toman las decisiones en el Estado que afectan su actividad no tienen paralelos recientes en la historia nacional.
Pero ya no solo eso, sino que ahora buscan representación directa al más alto nivel. Era esperable este interés de los mineros, pero eso no exime a los partidos políticos de una gran cuota de responsabilidad por hacer posible su participación. Serán estas organizaciones los vehículos que les permitan cruzar desde espacios al margen de la ley hasta el centro mismo de las leyes. Advertidos estamos. Y vale la pena tenerlo presente al momento de emitir el voto en abril y octubre próximos.
WUF
