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Editorial: El otro acuerdo nacional

Al ser importantes para que el país camine, las reuniones entre el presidente y Keiko Fujimori no deberían ser secretas.

Editorial

Vizcarra/Keiko

Según se ha revelado en la última semana, el presidente Martín Vizcarra se habría reunido, al menos, en dos oportunidades con Keiko Fujimori. (Fotos: El Comercio).

En la última semana, los peruanos hemos asistido a una precipitación de revelaciones sobre una serie de encuentros que el hoy presidente Martín Vizcarra mantuvo con representantes de Fuerza Popular y, en particular, con la líder del partido Keiko Fujimori, antes y después de su asunción como jefe de Estado.

Quizá la manera en la que se ha remecido la vida política en estos días sea ilustrativa de la tensión que venía acumulándose bajo la aparente convivencia pacífica entre Gobierno y oposición, y que solo requería de una pequeña sacudida para desgarrarse. Sea como fuere, sin embargo, la situación nos interpela a todos y permite plantear algunas reflexiones importantes.

Como se sabe, el domingo pasado, la señora Fujimori reveló en una entrevista que se había reunido hasta en dos oportunidades con el presidente Vizcarra, subrayando que ambas citas, además, se celebraron luego de que este jurara como presidente del Perú. A estas declaraciones iniciales siguió un vendaval de nuevas revelaciones y acusaciones cruzadas en los días posteriores entre representantes del oficialismo –incluido el mandatario– y miembros de Fuerza Popular, que terminó por devolvernos a la situación de refriega que parecíamos haber dejado atrás con la sucesión presidencial.

No podemos dejar de mencionar, ante todo, lo llamativo que resulta que el origen de esta crisis haya sido el ‘destape’ de una situación tan natural como es que los líderes del Ejecutivo y de la primera mayoría en el Legislativo se reúnan. Una posibilidad que, en cualquier democracia saludable que entienda cómo funciona el sistema de contrapesos y el diálogo entre grupos de poder político, resulta deseable, en el Perú –al parecer– no podía concretarse sin que fuera tomada por algunos como un signo de contubernio ramplón.

Si Martín Vizcarra y Keiko Fujimori recurrieron a la clandestinidad para entrevistarse fue muy posiblemente porque había ciertos estímulos para ello. Es decir, eran seguramente conscientes de que solo reuniéndose de manera furtiva podían llevar adelante un nivel mínimo de coordinación sin recibir los vapuleos de cierta prensa ni de aquellos grupos que, aprovechando el caos inmediato que siguió a la renuncia de Kuczynski, trataban entonces de tirarse abajo la institucionalidad para forzar un nuevo proceso electoral.

Cierto es que existen personas que consideran este tipo de citas inútiles o que preferirían proscribirlas porque ven en la confrontación política la puerta por la que empujar agendas propias.

La realidad del caso, sin embargo, es que, dada la singular correlación de fuerzas que derivó del proceso electoral del 2016, la coordinación entre el titular del Gobierno y quien lleva las riendas de la mayoría parlamentaria no solo es inevitable, sino que puede resultar fructífera. El señor Vizcarra y la señora Fujimori deben reunirse, y deben hacerlo no solo para conversar, sino también para generar acuerdos, asumir compromisos y ofrecer a la ciudadanía una lista de objetivos contra la que puedan ser evaluados. Ambos líderes, además, deben hacerlo en público, lejos del ambiente de secretismo que envolvió sus primeros encuentros y que obstaculizaba una práctica que, en cualquier sociedad civilizada, es perfectamente natural.

Y este no es un pedido exótico; de hecho recoge el de una gran parte de la ciudadanía. Según una encuesta de Ipsos de mayo último, el 61% de peruanos considera que la relación entre Gobierno y Congreso debería ser de “cooperación”, en contraste con un 7% que apoya el “enfrentamiento”.

Es verdad que todavía quedan algunas interrogantes sobre, por ejemplo, quién tuvo la iniciativa para los encuentros o qué concesiones se demandaron o se obtuvieron en estos. Pero ello no puede empañar de ninguna manera la discusión de problemas vertebrales que están siendo rezagados por la coyuntura. ¿No es perentorio acaso retomar la discusión de la reactivación económica y del destrabe de millonarios proyectos que siguen estancados? ¿No deberíamos preocuparnos por centrar la atención ciudadana en las propuestas de los candidatos que se disputarán los municipios y las regiones del país en menos de 40 días? ¿Y qué hay sobre los proyectos de reforma política que el Ejecutivo ha propuesto para que sean sometidos a referéndum o los planteamientos presentados por la comisión para la reforma del sistema de justicia de los que no se está hablando?

Hace algunas semanas subrayamos que la crisis de la justicia ha abierto una puerta para que, de cara al bicentenario de la República, el Gobierno emprenda por fin la tantas veces postergada reforma de las instituciones. Y son precisamente este tipo de reuniones las que deberían servir para agilizar esos cambios. Digamos, como si se tratase de un nuevo Acuerdo Nacional, pero mucho más activo.

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