Hace unos días, el periodista José Cayetano de este Diario visitó la sede principal del Archivo General de la Nación, ubicado en el sótano del Palacio de Justicia, y lo que encontró allí fue descorazonador. Pilas y pilas de nuestra historia se conservan en condiciones deplorables, entre tubos de desagüe y techos agrietados, que ponen en riesgo no solo una colección documentaria invaluable para el país, sino incluso la salud de los encargados de custodiarla, que tienen que trabajar con mascarillas como las que usábamos durante la pandemia, y que con frecuencia sufren mareos por la atmósfera enrarecida del lugar. Un terremoto de gran magnitud podría enterrarlos a todos en cuestión de segundos, por lo que su mudanza, pautada para agosto, se hace indispensable.
Este año, nuestro país cerrará las celebraciones por el bicentenario de su independencia –que comenzaron en el 2021– con la conmemoración de los 200 años de las batallas que sellaron nuestra acta de nacimiento como república: las de Junín y Ayacucho. Seguramente nuestras autoridades acudirán a una serie de eventos conmemorativos; las veremos desfilando por las regiones en las que se decidió el futuro del Perú y no faltarán los discursos grandilocuentes sobre la importancia de honrar a los héroes de aquellas gestas. Mientras se llevan a cabo estos preparativos, debajo de la sede del Poder Judicial se encuentra, entre otras joyas, la lista de los oficiales que pelearon en Ayacucho en diciembre de 1824, entre ellos grandes prohombres de la patria como Ramón Castilla, Hipólito Unanue y José de La Mar, sosteniendo una batalla tan importante como la anterior: aquella contra la indolencia y el desprecio de nuestros gobernantes.
La situación resulta tan dolorosa como indignante. El Archivo General de la Nación es una institución que, pese a los años que lleva creada (nació en 1861, durante el gobierno del ya mencionado Ramón Castilla, entonces como Archivo Nacional), hasta ahora no cuenta con una sede propia. En un inicio funcionó en las instalaciones de la Biblioteca Nacional y, desde 1943, lo hace en los sótanos del Palacio de Justicia. Allí se encuentra expuesta a una serie de peligros debido a la pésima infraestructura del lugar. “En el 2020, se rompió el tubo de desagüe y toda el agua residual que cayó destruyó muchos documentos”, comentó a este Diario el jefe institucional del archivo, Ricardo Moreau.
Hablamos de documentos que, como es evidente, tienen un valor imposible de calcular, pues son irremplazables. Entre los más de 150 millones de archivos que conserva, se encuentran documentos de la época de la Colonia, libretas de Antonio Raimondi que registran sus viajes por el país, solicitudes de pasaporte de personalidades como Julio C. Tello y Jorge Basadre, expedientes judiciales del siglo XIX, e incluso patentes de empresas tradicionales como Inca Kola o La Ibérica. Más que documentos, hablamos aquí de parte de nuestra identidad como peruanos, de retazos de nuestra historia que merecen un trato muchísimo mejor que el que vienen recibiendo.
Estos 150 millones de documentos, además, tienen que lidiar con otro reto en los próximos meses: el traslado a una nueva sede que en teoría deberá contar con la infraestructura necesaria para resguardarlos, tanto de las inclemencias del tiempo como de los hurtos (varios detectados a lo largo de los años). El hecho será sin duda desafiante por las condiciones del local actual: solo se puede salir de allí mediante una escalera estrecha que desemboca en una puerta aún más pequeña. Por ello, el director del archivo ha asegurado que solicitarán S/5 millones adicionales al Ministerio de Economía para garantizar las condiciones del traslado y del nuevo local.
Lo mínimo que se merece este legajo es una mudanza a la altura de lo que representa, luego de años de abandono y maltrato. Nunca está de más recordar que dejar que estos documentos se destruyan es condenar al olvido una parte consustancial de nuestra historia, que no es otra cosa que una parte de todos nosotros y todo aquello que nos une como peruanos.
WUF
