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Editorial: Del dicho al hecho

La propuesta del presupuesto público del 2019 es buena ocasión para revisar las prioridades del gobierno y sus limitaciones.

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MEF

El presupuesto público para el 2019 es 6,9% mayor al asignado en el 2018, según el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso esta semana. (Foto: USI).

La propuesta de presupuesto de la República que cada año presenta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Congreso para su aprobación revela –de la manera más concreta posible– las prioridades de cada administración. Difícilmente podría un gobierno argumentar, por ejemplo, que le interesa aumentar la cobertura de agua y desagüe en la población si su presupuesto refleja una disminución en la inversión en tuberías y saneamiento. Los números no admiten demasiada retórica.

En este sentido, ¿qué se puede aprender de las prioridades del actual gobierno en función al proyecto de ley del presupuesto para el 2019, enviado esta semana por el Ejecutivo al Parlamento? Destaca notablemente el aumento en las partidas de los dos sectores sociales más significativos: salud (incremento de 13,7%) y educación (incremento de 11,1%). Por su parte, y en concordancia con el discurso presidencial del pasado 28 de julio, la lucha contra la violencia hacia la mujer ganaría protagonismo presupuestal al pasar de S/164 millones en el 2018 a S/435 millones el siguiente año.

Mirado fuera del énfasis sectorial, el presupuesto recién presentado revela también que, en cuanto a metas fiscales, el Ejecutivo parece no estar en extremo preocupado por la necesaria correspondencia entre ingresos y gastos públicos de largo plazo. De otro modo no se explica un aumento nominal de casi 7% para el próximo año en comparación con el presupuesto de este año. En línea con las estimaciones del MEF en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), presentado también recientemente, el gobierno muestra un sesgo optimista sobre la recaudación fiscal que, de presentarse contratiempos, podría jugarle una mala pasada –sobre todo en vista de que más de la mitad de las políticas tributarias necesarias para solventar el gasto creciente aún no existen o están en discusión–.

Aunque útiles y reveladoras sobre las prioridades de cada administración, las frías cifras del presupuesto público no terminan de contar la historia completa. En la mayoría de sectores, el problema es menos la cantidad de recursos asignada y más la eficiencia en la ejecución de estos. Es en este contexto en el que, por ejemplo, llama la atención el comentario del presidente Martín Vizcarra respecto a que “por lo menos un 4% o 5% del presupuesto que normalmente iba a ministerios ya está directamente asignado a los gobiernos regionales y locales”. Es comprensible el interés del presidente y del primer ministro, César Villanueva, en “descentralizar” el presupuesto, pero este proceso debe venir acompañado por mejoras en las competencias de gasto e inversión de gobiernos regionales y municipalidades a lo largo del Perú.

El énfasis en la calidad del gasto no se desprende únicamente de la descentralización del presupuesto, sino –sobre todo– de las ineficiencias e inercias intrínsecas al sector público. En el caso del incremento presupuestal del sector educación, por ejemplo, buena parte irá a financiar el aumento general del piso del salario docente de S/2.000 a S/2.200. La relación de dicho aumento con el fortalecimiento de la meritocracia en el magisterio o con mejores resultados académicos de los estudiantes queda aún sin explicar. Asimismo, aumentos en la partida del sector salud que pasen de largo las enormes ineficiencias del sector en términos de manejo de personal médico y administrativo, inversiones, compras públicas de medicamento, entre varios otros temas, serán una gota extra en un balde agujereado.

Queda ahora en cancha del Legislativo llevar la discusión pública, realizar modificaciones pertinentes al presupuesto enviado y, eventualmente, aprobarlo. La situación amerita, aunque sea por esta vez, que el debate esté guiado sobre principios de sostenibilidad, responsabilidad fiscal y eficiencia en los que el actual Congreso, de un tiempo a esta parte, se ha mostrado algo estrecho.

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