Editorial: Tapando huecos

La actual cifra de aprobación popular al presidente Martín Vizcarra es similar a la que tenía el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski al inicio de su período. Mientras que el ex gobernador de Moquegua tiene 57% de apoyo, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos publicada la semana pasada en este Diario, en agosto del 2016 el anterior mandatario disfrutaba de 61% de respaldo.

Estos números, sin embargo, pueden conducir a engaño. El apoyo popular –al menos inicialmente– está ahí, pero las conversaciones sobre altas expectativas de reactivación económica y “revolución social” a partir de un “Gabinete de lujo” ya no están presentes. El lenguaje ambicioso ha salido de escena y en su lugar hay metas más realistas que, miradas de cerca, podrían pecar incluso de tímidas. Las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, respecto a la imposibilidad de sacar adelante una reforma laboral –tema sobre el cual nos pronunciamos en estas páginas hace unos días– son un ejemplo patente.

En este ambiente de expectativas frugales y reformas de medio cuerpo, llama la atención el consenso político que parece empezar a girar en torno a cambios importantes en el marco tributario. Esta semana, el jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, se presentó con éxito ante un grupo de trabajo multipartidario de la Comisión de Economía del Congreso que está abocado a revisar la conveniencia de las exoneraciones y beneficios tributarios vigentes, y a cerrar espacios para la elusión tributaria. Luego de la cita, el parlamentario Miguel Torres (Fuerza Popular) aseguró que el Congreso necesita “saber si una exoneración tuvo efectos positivos y cuánto le costó al Estado. Entonces, haciendo un análisis costo-beneficio, tal vez mejor sería no prorrogar la vigencia de la exoneración y pensar en otras alternativas de solución”. El gobierno, a través del primer ministro César Villanueva y del ministro Tuesta, ha manifestado un interés en el mismo sentido. Una modificación tributaria técnica y profunda sería una grata e inesperada sorpresa.

El momento para hacerlo es el adecuado. No solo porque una tensión política reducida como la de estas semanas ayuda a encontrar puntos comunes, sino porque la situación económica lo demanda con urgencia. Al cierre del 2017, la recaudación tributaria como porcentaje del PBI tocó un punto mínimo de 12,9% luego de cinco años consecutivos de caída. Si bien en el primer trimestre del año la recaudación por IGV y por Impuesto a la Renta mejoró con respecto a similar período del año anterior, el ritmo de gasto público también crece con velocidad. Este año se espera un déficit fiscal de 3,5% del PBI, mayor en casi medio punto al del año pasado, y la meta de déficit al 2021 parece lejana. En un país cuya solidez macroeconómica es una de sus principales fortalezas, la situación es especialmente preocupante.

El Ejecutivo y el Congreso tienen espacio para lograr mejoras significativas al respecto. Según la Sunat, en el Perú se aplican al menos 200 beneficios tributarios que le costarían al fisco más de 2 puntos del PBI este 2018.

No todos los beneficios, por supuesto, deberían ser eliminados. Algunos, como la devolución del IGV por exportaciones, tiene fundamentos económicos sólidos (no se debe exportar impuestos). Sí puede valer la pena revisar otros con atención. Entre los más costosos y con menor justificación aparente se encuentran los beneficios a la Amazonía, que según el Ministerio de Economía y Finanzas le cuestan al erario 0,75% del PBI por año. Según la Sunat, “no se evidencia que el beneficio dado a los comerciantes se traduzca en menores precios a favor de un millón de habitantes de Loreto”. Una negociación como la que llevó a cabo la región San Martín, en la que renunciaba a sus beneficios tributarios a cambio de un fondo de inversión pública, es una salida interesante a explorar. Por su lado, el sector educación goza de extensos beneficios tributarios que también podrían ser revisados en parte. La lista, en realidad, es larga.

Más allá de mejorar la recaudación, una reforma tributaria para eliminar exoneraciones innecesarias tendría la ventaja de ordenar la economía y evitar las distorsiones e incentivos perversos que toman lugar cuando se permiten espacios para escapar del pago de impuestos. ¿Y qué mejor momento para empezar a ordenar la casa que cuando todos sus integrantes parecen estar finalmente de acuerdo en hacerlo?