El problema que nadie quiere resolver

Dos días atrás, una coaster que recorría la avenida Alfonso Ugarte, en pleno corazón de Lima, invadió la vía exclusiva del Metropolitano y se empotró, frontalmente, contra una de sus unidades. ¿El resultado? Tres muertos, una veintena de heridos y una serie de imágenes que vivirán en la mente de los limeños durante mucho tiempo.

El estupor inicial, sin embargo, fue desplazado rápidamente por la indignación cuando se supo que el vehículo responsable del siniestro pertenecía a la empresa La Nueva Estrella, que ostenta el infame récord de ser la que más deudas acumula por infracciones de tránsito en Lima: casi S/8 millones. De hecho, la coaster accidentada registra nada menos que ocho papeletas por un total de casi S/9 mil; la última de ellas, impuesta apenas el año pasado, por conducir sin licencia.

Pese a ello, la firma tuvo, por así decirlo, la ‘buena estrella’ de seguir operando sin que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) hiciera algo para ponerla en vereda. Desde el 2018, este Diario ha venido documentando una serie de infracciones producidas por su flota (una que alberga 48 vehículos con orden de captura) que en el 2022 estuvo a punto de causar una tragedia luego de que una de sus unidades chocara con el puente Zepita y lo dejara a punto de colapsar sobre el carril del Metropolitano.

Nadie puede decir que lo ocurrido era, pues, imposible de prever. Pero, por increíble que parezca, nadie asumirá la responsabilidad por los tres fallecidos de esta semana. Como sabemos, el sistema de transporte público en Lima se rige desde hace más de tres décadas por el modelo ‘comisionista-afiliador’, que permite que la empresa concesionaria de la ruta no sea dueña de los vehículos que transitan por ella ni se responsabilice por quienes los operan (choferes y cobradores). Esta separación entre empresarios, propietarios y operadores produce que, en caso de accidentes como los del miércoles, cada uno tire por su lado y se desentienda del asunto.

Pese a que el problema se conoce desde hace tiempo, nadie parece interesado en querer arreglarlo. Ni el Congreso (enfocado más bien en dar amnistías de papeletas) ni el Ejecutivo (con una presidenta que en cuatro horas de mensaje al país no dio ni una sola idea para corregir el problema del tránsito y con un ministro de Transportes más empeñado en pelearse con el alcalde de Lima que en gestionar su cartera). Así las cosas, que una empresa atestada de papeletas pueda seguir operando –y causando muertes en el camino– no es cuestión de suerte, es negligencia pura y dura.