Pueblo sin ley

Un episodio criminal de dimensiones muy alarmantes ha confirmado en estos días lo que todos sabemos sobre la provincia de Pataz, en la región de La Libertad. Esto es, que se trata de un pueblo sin ley. Hace unos días, en el sector conocido como Pueblo Nuevo, 13 mineros artesanales han sido secuestrados por una pandilla de delincuentes que habría exigido a sus allegados S/4 millones como rescate. Las víctimas pertenecen a la empresa contratista R&R, que desarrolla trabajos para la minera Poderosa, por lo que de alguna forma este ataque se suma a todos los atentados que esa empresa ha sufrido.

La modalidad del crimen recientemente reportado es nueva y supone un escalamiento en el tipo de violencia que se está imponiendo en la zona –las bandas asociadas a la minería ilegal han pasado de robar oro a robar personas–, pero el patrón es claro: los delincuentes operan libremente ante la indolencia, la incapacidad de reacción y quizá hasta la complicidad de las autoridades.

Ni los estados de emergencia ni el desplazamiento de contingentes especiales de las fuerzas del orden han servido para impedir el crecimiento de este fenómeno. Los habitantes de Pataz viven librados a su suerte, ante el pasmo de la opinión pública… Pero, en realidad, lo que les sucede a ellos es en esencia un símbolo de lo que viene ocurriendo en todo el país.

Las pistas de Lima, donde un día sí y el otro también se abalea a conductores o cobradores de vehículos de transporte urbano, son también territorio liberado para el accionar de estas mafias de extorsionadores y sicarios. Y algo parecido ocurre en otras ciudades del interior. Mientras tanto, en el Ejecutivo darían la impresión de haberse rendido. La única respuesta que ofrecen a esta situación es retórica y consiste en tratar de desplazar la responsabilidad del problema a la prensa (que dejaría de difundir las noticias sobre los presuntos éxitos de la PNP en esta lucha) o al Poder Judicial y el Ministerio Público (que serían muy ligeros en el cumplimiento de sus respectivos deberes). Las cifras reveladas por El Comercio sobre la ínfima cantidad de detenidos en flagrancia por delitos como los ya mencionados y el descuido que impera en el sistema penitenciario, sin embargo, señalan sin margen de duda dónde radica la responsabilidad principal en esta ardua tarea. No podemos resignarnos a vivir en este pueblo sin ley hasta el cambio de gobierno. La reacción de la actual administración ante este calamitoso estado de cosas no puede esperar más.