Editorial: Arreglar pero no romper

El presidente Martín Vizcarra ha demostrado un carácter firme con el Congreso y con otros adversarios políticos a lo largo del último año. La reciente solicitud de adelanto de elecciones generales al 2020 mediante referéndum se suma al pedido de confianza de mayo, al referéndum de diciembre del año pasado y a otros momentos en los que el jefe del Estado demostró una voluntad fuerte.

En su estrategia de manejo de conflictos sociales, sin embargo, el presidente ha preferido mostrar otra faceta. Los bloqueos en las vías del corredor minero del sur, por ejemplo, permanecieron activos por varias semanas antes de que el gobierno pudiera encontrar la buena voluntad de cooperación de las comunidades a cambio de promesas de transferencias de recursos, apaciguando pero no solucionando el problema. Frente a las protestas por el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, en Arequipa, el presidente mismo viajó a la región y ofreció evaluar las observaciones presentadas por el gobierno regional para encontrar “una solución integral al problema” a través de un “análisis técnico y jurídico”.

Las concesiones que se dieron en Arequipa, de hecho, podrían trascender largamente el proyecto cuprífero que se debate sobre el Valle de Tambo. En el marco de las conversaciones sobre el futuro de Tía María, la macrorregión sur (Apurímac, Arequipa, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua y Tacna), representada por sus gobernadores regionales, promovió el impulso de una nueva Ley General de Minería. El presidente Vizcarra, luego, hizo suyo el planteamiento e incluso mencionó la necesidad de cambiar la norma durante su discurso de Fiestas Patrias. Aprovechando el contexto, el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, se sumó para solicitar que sean los gobiernos regionales y locales los responsables de dar las concesiones y administrar la gran minería. Como se sabe, actualmente los gobiernos subnacionales tienen competencias únicamente sobre la pequeña minería y la minería artesanal.

Hay, sin duda, espacio para mejorar la actual Ley General de Minería. Por ejemplo, los procedimientos administrativos en el sector se han convertido en un cuello de botella para las inversiones, las relaciones entre las comunidades cercanas y la mina deben ser fortalecidas estructuralmente, en tanto que el uso del canon y regalías entre los gobiernos subnacionales es, por decir lo menos, ineficiente. Esos son solo algunos de los espacios en los que podría convenir revisar el marco legal del sector.

No obstante, el cambio que sugiere el gobernador Cerrón sería un despropósito. En la actual coyuntura política, dejar a la gran minería sujeta a las autorizaciones y control de los gobiernos regionales sería condenarla. No son todas, pero tampoco han sido pocas las autoridades locales que, en la última década, han montado una plataforma política en base a la oposición cerrada a cualquier proyecto minero, aun a costa de empleos e ingresos para su región. La poca predictibilidad e institucionalidad que se ha podido construir, con esfuerzo, en el sector minero sería puesta en serio riesgo.

De modo más general –y aun si la solicitud de transferencia de funciones en gran minería del gobierno nacional a los subnacionales no es recogida–, el planteamiento de una nueva ley de minería es decididamente inoportuno. En este contexto de incertidumbre nacional por la propuesta de adelanto de elecciones, abrir un nuevo frente de riesgo particular para un sector que hoy apuntala la inversión privada es descaminado. Modificaciones legales de este calibre requieren tiempo, consenso entre actores, y diálogos con cabeza fría; todos atributos que la coyuntura actual no permite. Y hacer cambios medio de improviso, con amenazas de paralizaciones encima, y mal aconsejados por un contexto político enrarecido, sería sin duda el peor escenario.
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