El momento de Tía María

A finales de la semana pasada, Southern Copper Corporation (SCC), a cargo de Tía María, anunció que el proyecto minero ubicado en el Valle de Tambo, en Arequipa, reanudaba sus operaciones después de cinco años. Como se recuerda, en julio del 2019, la empresa recibió la licencia de construcción del Estado –el último requisito que le faltaba–, pero decidió suspender sus operaciones mientras buscaba vencer las resistencias que el proyecto generaba entre algunos vecinos de la zona.

Unas resistencias que, en palabras del presidente de SCC, Óscar González Rocha, han disminuido “notablemente” en los últimos años. Según explica González en una entrevista publicada hoy en este Diario, la empresa ha venido conversando “con los agricultores del Valle de Tambo […] y ellos están de acuerdo con que Tía María inicie” y se ha comprometido además a construir una represa para que los vecinos “tengan almacenamiento de agua y se les pueda dar la cantidad de recursos hídricos que necesitan para la mejoría en su agricultura”. Este punto es medular, pues no olvidemos que el miedo ante la posibilidad de una escasez del agua que utilizan los agricultores del valle para sus actividades fue una de las principales banderas que se agitaron en su momento para oponerse al proyecto.

Se trata, qué duda cabe, de una buena noticia, quizás la más importante en el sector minero en mucho tiempo. Resulta imposible desdeñar el impacto que Tía María tendría en un país como el nuestro, necesitado de inyecciones económicas y con varios años sin sacar un proyecto de estas características adelante. Después de todo, hablamos de una inversión de al menos US$1.400 millones que se espera produzca 120.000 toneladas de cátodos de cobre al año y que genere 3.600 puestos de trabajo directo en el momento álgido de su construcción, y otros 600 cuando empiece a funcionar. Se calcula, además, que por cada empleo directo en la mina se crearán ocho indirectos, lo que desencadenará un círculo virtuoso. Todo esto, vale mencionar, en momentos en que los precios internacionales de los metales, y especialmente del cobre, se mantienen altos y con buenas proyecciones.

Desde el Gobierno, por su parte, el ministro del sector, Rómulo Mucho, se mostró satisfecho con la noticia y aseguró que “este proyecto va a gatillar otros más”. Una importante muestra de apoyo si consideramos que hace poco más de un año el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aparecía en la edición 36 de Perumin, celebrada precisamente en Arequipa, a decir que “Tía María no está en la agenda del Gobierno”. Que en el Ejecutivo hayan cambiado de postura al respecto es saludable, pero ello no significa que a partir de ahora deban olvidarse del tema.

Como bien señaló el ministro Mucho, el Gobierno tiene una tarea pendiente con el cierre de brechas en el Valle de Tambo (y, para ser honestos, también en muchísimos otros lugares del país que no cuentan con yacimientos mineros). Y le corresponde también gestionar la conflictividad social que podría desencadenarse en la zona, donde el propio González Rocha reconoce que quedan rezagos de oposición (aunque pequeños, pueden hacer mucho ruido). No olvidemos que en el pasado Tía María quedó entrampada debido, en una buena parte, a la impericia y la mezquindad de los políticos, desde Ollanta Humala, que como presidente tuvo que desconocer sus promesas formuladas como candidato en contra del proyecto, hasta Martín Vizcarra, que complotó contra la puesta en marcha del mismo en el 2019.

Durante muchos años, de hecho, Tía María pareció condenada al fracaso. Que luego de cinco años de paralización por factores políticos y sociales anuncie que iniciará su construcción es una buena noticia no solo por el impacto económico que tendrá, sino porque, de prosperar, demostrará que en el Perú incluso proyectos mineros resistidos pueden salir adelante si los actores –comunidad, Estado y empresa– trabajan en conjunto, y que la minería puede desarrollarse sin la hecatombe ambiental que sus detractores vaticinan. Es el momento de Tía María.