Desde la elección de Pedro Castillo como presidente en el 2021, se han sucedido nada menos que 15 ministros del Interior. En promedio, cerca de uno cada tres meses. Pero ninguno de ellos ha tenido la influencia y desfachatez que ha demostrado Juan José Santiváñez, quien lideró la institución entre mayo del año pasado y marzo de este año, cuando fue censurado por el Congreso. Hoy reciclado como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del despacho presidencial, Santiváñez mantendría un poder oculto e inusitado, lo suficiente como para intentar atropellar a quien intente echar luces sobre él.
A raíz de un reportaje de “Punto final”, de Latina Televisión, que exponía sus reuniones con ministros, exministros, congresistas, alcaldes, directores de inteligencia, entre otros, Santiváñez presentó una denuncia penal. La imputación alcanza a la empresa televisiva, así como a la conductora, al director, al periodista y al camarógrafo responsables del informe. Según Santiváñez, los periodistas habrían incurrido en el artículo 317-A del Código Penal, que describe los delitos de marcaje o reglaje.
La denuncia es un disparate. El artículo aludido es parte de la sección para organizaciones criminales y solo aplica cuando la información de la persona se recoge para luego cometer o facilitar un delito, como extorsión o secuestro. No tiene mayor sentido forzarlo para que penalice a periodistas que revelan los nexos de un funcionario con otros personajes de interés. Aun así, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla decidió abrir una investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad y la paz pública en la modalidad de reglaje o marcaje.
La denuncia no debería tener mayor oportunidad de prosperar en instancias superiores de investigación, pero ese nunca fue el objetivo. Lo que evidentemente persigue Santiváñez es manipular el sistema de justicia para amedrentar a los periodistas que se acerquen demasiado. El mensaje que el exministro intenta enviar está claro, pero desde todos los gremios y espacios periodísticos –incluyendo este Diario– respondemos que nadie se dejará intimidar, y expresamos nuestra solidaridad con los colegas denunciados por hacer su trabajo.
Vale recordar, sin embargo, que la responsabilidad final de mantener a una figura tan prepotente y divisiva como Santiváñez cerca de los círculos de poder es de la propia presidenta Dina Boluarte. A pesar de la censura del Congreso, la mandataria eligió conservarlo en su despacho. Dime con quién te juntas…
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