Después de Conga, en Cajamarca, probablemente no haya habido proyecto minero más emblemático para el país respecto de los costos de la conflictividad social en el último par de décadas que Tía María, en Arequipa.
Por eso, no es una noticia menor el reciente anuncio del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero. De acuerdo con el funcionario, la construcción del proyecto finalmente empezará en agosto o setiembre próximos, luego de varios años de retraso. En una presentación esta semana, Montero dijo que “este proyecto está avanzando muy bien en los temas sociales y su capacidad de involucramiento social está por buen camino”.
El proyecto, por supuesto, es muy importante para el desarrollo regional de Arequipa y el crecimiento nacional. Según Southern Copper, empresa dueña de la inversión, la iniciativa crearía 9.000 puestos de trabajo en la fase de construcción, y luego casi 5.000 empleos indirectos una vez inicie operaciones. Durante sus 20 años de extracción mineral, y dados los actuales precios del cobre, la mina contribuiría con cerca de US$17.000 millones en exportaciones y US$3.400 en impuestos y regalías. Para ponerlo en perspectiva, este último monto es similar a todo lo que gastó el gobierno nacional en orden público y seguridad el año pasado.
Pero quizá más importante que estas cifras es la señal que el inicio de Tía María envía al resto del sector. En la encuesta del año pasado del Instituto Fraser, de Canadá, que mide el atractivo para la inversión minera, el Perú cayó 25 posiciones, de puesto 34 al 59. Los retrocesos, en realidad, han sido constantes para el país en este indicador, en línea con la convulsión política y social desde el 2018. Grandes inversiones, como la de Newmont en Yanacocha Sulfuros, dejaron de entrar.
Ahora, con el inicio de Tía María y otras noticias relacionadas, como la implementación de la Ventanilla Única Digital, el ánimo puede empezar a cambiar. Según la encuesta de expectativas del BCRP de enero pasado, el sector minería e hidrocarburos es ya el más optimista respecto de sus niveles de inversión a tres y a doce meses, y la cartera de proyectos del Minem del año pasado asciende a más de US$54 mil millones, un monto que –de concretarse siquiera la mitad– cambiaría el rostro del país. Si el Perú puede ponerse finalmente de acuerdo para impulsar grandes proyectos de inversión, responsables siempre con el medio ambiente y las comunidades, buena parte de la batalla económica para los siguientes años estará ganada de entrada.
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