El ministro de cumple hoy una semana en el cargo y los cuestionamientos a su figura ya lo colocan en una situación precaria.

Para comenzar, este Diario ha informado que en el 2010 el exasesor de la parlamentaria Gladys Echaíz fue denunciado en un proceso por alimentos y sentenciado –en doble instancia– a abonar una pensión de alimentos fijada en aquel entonces en S/400 mensuales. Por este proceso, además, el Poder Judicial dictó en su momento una orden para que el hoy ministro no pudiese abandonar el país dado que no había garantías de que cumpliría con “el pago de pensiones futuras”. La medida se mantuvo vigente por más de un año: desde mediados del 2010 hasta setiembre del 2011.

Pero aquel no es el único antecedente judicial de quien, paradójicamente, hoy dirige el sector Justicia. El 2 de mayo del 2011, Arana Ysa fue denunciado por su entonces pareja por abandono de hogar y violencia familiar en una comisaría de la capital. Según dio a conocer el programa “Al estilo Juliana”, en el parte policial la presunta agraviada contó que el actual integrante del Gabinete liderado por Alberto Otárola la habría amenazado “de atentar contra su vida, manifestando que podría quedarse muerta en cualquier sitio”, unas imputaciones que en un país como el Perú, con las espantosas cifras de feminicidios que acumulamos año a año, no pueden pasarse por agua tibia ni considerarse como meros excesos verbales. Más preocupante aún es el hecho de que, 15 días antes de que esta acusación fuera presentada, la denunciante había sufrido la fractura de varios huesos en la cara que el hoy ministro Arana minimizó atribuyéndolos a un supuesto que ella habría sufrido.

El titular de Justicia le ha dicho a este Diario que ambos procesos ya fueron resueltos, pero ello no invalida las preocupaciones que estos han suscitado, principalmente sobre sus cualidades éticas. Además, el señor Arana sí tiene una investigación vigente en el Ministerio Público nada menos que por instigador de los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, cohecho activo específico en agravio del Estado, abierta luego de que el medio Epicentro difundiera una conversación del 9 de abril del 2018 entre él y Walter Ríos, el expresidente de la Corte Superior del Callao y uno de los protagonistas del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

En dicho diálogo, se puede escuchar a Ríos y Arana hablando sobre la situación de un “pata” con el que el primero se había reunido. “Lo que está haciendo es para hacerle un poco larga al tema […]. Ese es el favor que está haciendo y esperar lo que él conteste porque eso está en ejecución ya”, informa Ríos, a lo que Arana responde: “A ver, vamos a ver lo que salga, pues”. Entre el 2017 y el 2018, ambos se comunicaron en siete ocasiones, según los registros difundidos por el medio periodístico.

Pero Ríos no es el único implicado en el caso de corrupción más importante destapado en el Poder Judicial en los últimos años con el que el actual ministro de Justicia mantuvo una cierta comunicación. Entre el 2015 y el 2018, Arana y el ex juez supremo César Hinostroza registran 36 llamadas. Hinostroza, como se sabe, lleva prófugo desde el 2018 y, desde entonces, el Estado Peruano viene tratando de traerlo de vuelta al territorio nacional.

Consultada sobre la situación de Arana, la presidenta le dio su respaldo la semana pasada. “Yo como presidenta lo que debo mirar es el trabajo del ministro, y la presunción de inocencia siempre está por delante, y eso lo sabemos los abogados y la sociedad también”, afirmó. Desde el inicio de su gestión, sin embargo, uno de los puntos positivos de la jefa del Estado parecía ser el cuidado en la selección de su equipo de trabajo, un cuidado que nunca mostró su antecesor en el cargo, que solía colocar a personas con más antecedentes policiales que currículo como ministros. En ese sentido, la elección de Arana como titular de Justicia es francamente desconcertante y genera dudas sobre si esta cualidad de la presidenta se ha perdido.

Contenido Sugerido

Contenido GEC