La tardía renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era, a estas alturas, inevitable. El 12 de abril, más de 52.000 ciudadanos de Lima no pudieron ejercer su derecho al voto porque el material electoral nunca llegó a 187 mesas de sufragio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La institución mintió al afirmar que todo el material había sido distribuido correctamente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpuso contra Corvetto una denuncia penal por esos hechos, un hecho sin precedentes en la historia electoral peruana. Con ese historial encima, su permanencia al frente de la segunda vuelta era sencillamente insostenible.
Pero si la salida de Corvetto era condición necesaria, no es suficiente. El riesgo real que enfrenta el país hoy es que este momento se convierta en un simple cambio de figuritas: un nuevo nombre en el organigrama, los mismos funcionarios en las mismas gerencias, la misma lógica institucional que produjo el caos del 12 de abril. La sociedad civil, los gremios y la ciudadanía no están pidiendo una rotación de cuadros; están exigiendo un giro real en la manera en que la ONPE gestiona los procesos electorales.
La magnitud del problema exige que Bernardo Juan Pachas Serrano, que asume la jefatura de forma interina, tenga la voluntad y la autoridad para remover a todos los funcionarios involucrados en la cadena de irregularidades que derivó en esta crisis. Sostener a los mismos cuadros que fallaron sería prolongar el problema con otro apellido al frente.
Pachas tiene ante sí una tarea de urgencia mayúscula: demostrar, antes del 7 de junio, que la institución es capaz de organizar una segunda vuelta con plenas garantías. Eso implica auditorías internas inmediatas, revisión de los contratos de distribución logística, transparencia en los protocolos de custodia del material electoral y una comunicación veraz con la ciudadanía.
No hay margen para otra jornada como la del 12 de abril. Con los resultados de la primera vuelta todavía en escrutinio y el ambiente político crispado, cualquier nueva falla podría terminar de demoler la legitimidad del sistema.
