Editorial: Viejo dogma

El 24 de mayo, seis congresistas de la bancada de Nuevo Perú presentaron el proyecto de ley 4388/2018-CR, que busca promover una nueva franja tarifaria para el pago del Impuesto a la Renta. En concreto, la iniciativa se traduce en aumentar la carga impositiva de los ciudadanos que más ganan en el Perú (los que tienen ingresos mayores a S/ 12.600 al mes) en 5%, con el objetivo de ‘incidir’, como dice, en uno de los elementos que explicaría la desigualdad en el país: “la diferencia de ingresos entre los más pobres y los más ricos”.

Medidas como estas, más allá de parecer entrañar un castigo tácito a la riqueza, no abordan los problemas de fondo de la recaudación tributaria o la desigualdad, y muestran poco entendimiento de los mismos, planteando soluciones lejanas a la realidad del país. En primer lugar, resulta evidente que la principal traba que enfrenta el Perú en el campo tributario no es la cantidad que desembolsan los ciudadanos que ya aportan al erario nacional, sino la cantidad de compatriotas que permanecen en la informalidad (más del 70%) y perciben ingresos sin pagar impuestos por ello. Si el Estado considera necesario aumentar la recaudación, debería orientar sus esfuerzos a procurar que más peruanos operen en el sector formal, para lo que, como hemos reiterado incontables veces en esta página, se hace necesaria una reforma seria que flexibilice el régimen laboral.

Mientras las cosas permanezcan como están, sin embargo, la carga impositiva seguirá recayendo en un grupo minoritario de personas y empresas, de cuyo trabajo dependen los servicios públicos –justicia, seguridad, educación estatal, transporte, etc.– que usan todos los ciudadanos, contribuyan con el fisco o no. En este caso, la iniciativa de Nuevo Perú solo exacerbará esta situación sin hacer nada por remediarla, obviando convenientemente el aumento que habría en la recaudación si los que hoy no tributan (y no cuentan con beneficios laborales) lo hiciesen.

Nuevo Perú también pasa por alto otro elemento importante si lo que se quiere es ampliar la recaudación, como lo es el reto de aumentar la productividad. En ese sentido, reducir los costos (económicos y burocráticos) de hacer empresa en el país es una buena apuesta, mientras que sancionar a los que más producen con incluso mayores impuestos, como contempla la iniciativa legislativa, resulta claramente contraproducente.

Además de todo esto, el proyecto de la referida bancada también alberga (y admite) un vicio sumamente grave, esencial para darle sentido a la propuesta. En la página 7, el documento asegura que “no existe información” de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) o la Sunat para saber cuántos contribuyentes ganan más de 35 UIT al año, por lo que les “resulta imposible tener una estimación clara sobre la cantidad de contribuyentes afectados por la medida propuesta”. Si bien el proyecto sí propone una estimación (aseverando que aproximadamente 1% de la población sería afectada), es evidente, habida cuenta de lo anterior, que los congresistas se han propuesto disparar al aire con una iniciativa legislativa con efectos que no pueden cuantificar con precisión y cuyo funcionamiento, en consecuencia, no pueden garantizar…

Con todo esto en mente, es evidente que la bancada de Nuevo Perú ha privilegiado el viejo dogma de la redistribución de la riqueza por sobre el empleo básico de la razón económica. Así, presentan un proyecto de ley en el que el diagnóstico del problema es tan desatinado como la fórmula recetada para remediarlo. Y es que, más allá de exprimir con más fuerza a los que ya contribuyen, lo importante es conseguir más contribuyentes y, de esta manera, más ciudadanos.