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Editorial: El incendio Lava Jato

La investigación en torno a los sobornos de empresas brasileñas en nuestro país avanza sin guiar sus decisiones a partir de afinidades partidarias.

Editorial

Alejandro Toledo

El juez del Distrito Norte de California, Thomas S. Hixson, denegó la libertad bajo fianza al expresidente Alejandro Toledo, el último viernes 19 de julio. En la imagen, una de las ilustraciones de la audiencia. (Reuters).

El martes, el Ministerio Público dio a conocer que el expresidente Alejandro Toledo había sido arrestado en California, Estados Unidos, en el marco del pedido de extradición que pesa en su contra por el Caso Odebrecht. El viernes, el juez Thomas S. Hixson dispuso que el otrora jefe del Estado permanezca detenido mientras se resuelve el pedido del Estado Peruano para que regrese al país.

Los trances legales por los que hoy pasa el exmandatario, tras más de dos años prófugo, no solo significan un progreso en su caso: también son una señal de que la fiscalía peruana está conduciendo la investigación Lava Jato de manera correcta, sin guiar sus decisiones a partir de afinidades partidarias. Y es que mientras algunos de los simpatizantes de los involucrados en el escándalo han alegado que existen persecuciones políticas detrás y han puesto en tela de juicio el valor del acuerdo de colaboración eficaz alcanzado con las firmas corruptoras, lo cierto es que el trabajo de Ministerio Público ha involucrado a exponentes de ambos lados del espectro ideológico.

Están, como se sabe, el expresidente Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y la exalcaldesa Susana Villarán, cuyas investigaciones han alcanzado grandes avances en los últimos meses. El ex jefe del Estado y su esposa incluso ya han sido acusados formalmente por la fiscalía por presuntamente haber cometido el delito de lavado de activos a través de una organización criminal. La exburgomaestre, por su parte, se encuentra purgando 24 meses de prisión preventiva desde mayo de este año luego de admitir haber recibido millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar sendas campañas en el 2013 y el 2014.

Mientras tanto, del otro lado se encuentran los exmandatarios Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Al primero, que se suicidó antes de ser detenido preliminarmente, se le acusó de haber recibido dinero de Odebrecht y al segundo, que se encuentra en arresto domiciliario, se le imputa el delito de lavado de activos para ocultar supuestos pagos que le habría hecho la misma empresa a cambio de beneficiarla cuando fue ministro de Toledo. Y a estos se suman los casos del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y la excandidata Keiko Fujimori. Sobre el primero pesan 18 meses de impedimento de salida del país desde principios de mes, a propósito de las investigaciones de la fiscalía por supuestos pagos sospechosos por parte de la constructora OAS en proyectos como la Línea Amarilla y el ‘by-pass’ de 28 de Julio. La exaspirante al sillón presidencial, por su lado, viene cumpliendo 36 meses de prisión preventiva desde octubre del año pasado por los supuestos delitos de lavado de activos y de encabezar una organización criminal.

Las investigaciones, además, han trascendido el espectro político para involucrar al sector empresarial. Así, el equipo especial Lava Jato no solo se ha enfocado en los que han recibido los sobornos, sino en las firmas peruanas que, junto con las brasileñas, coordinaron los pagos ilegales.

Frente a todo esto, no queda más que definir las críticas de algunos políticos a estas investigaciones como manotazos de ahogado que se dan frente a la envergadura de las evidencias que pesan sobre ellos y sus líderes. Y es que, si bien existen espacios para mejorar, la fiscalía debe seguir avanzando por el camino que se ha trazado. El reciente arresto de Alejandro Toledo –que ha ocurrido tras las declaraciones de Jorge Barata en abril que indicaban que su empresa le habría pagado US$31 millones en coimas para adjudicarle los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur– es prueba de ello.

En suma, el Caso Lava Jato ha incendiado sin discriminar la pradera de la política peruana. El daño que ha causado la corrupción y las reacciones de los directamente afectados, que han llegado a cuestionar el acuerdo que ha permitido obtener mucha de la información que aquí reseñamos, ponen a prueba nuestra institucionalidad y son actitudes previsibles en un contexto como el actual. No obstante, no hay que olvidar que del pasto chamuscado crecerán nuevos brotes y que de cada paso que dé la justicia se construirá el país que merecemos.

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