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Editorial: Ensamblaje brasileño

Las nuevas piezas que llegan desde Curitiba empiezan a encajar en el rompecabezas judicial de varios políticos peruanos.

Editorial

Fiscales José Domingo y Rafael Vela

Los fiscales del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela, antes de una diligencia en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil. (Foto: El Comercio).

Presenciar los trascendidos que llegan estos días desde Curitiba, Brasil, sobre las declaraciones de quienes se desempeñaron como altos funcionarios de Odebrecht equivale a ver una especie de serial en el que cada entrega nos revela un tinglado de cifras, nombres y métodos de pago que permiten reconstruir el esquema de cómo la empresa operó en nuestro país –y en varios otros de la región– para financiar a políticos o sobornar a funcionarios con total impunidad durante tantos años.

Es cierto que mucha de la información que se ha dado a los fiscales peruanos no es nueva y que sirve, más bien, para corroborar datos que se sabían desde hace algún tiempo. Esta, por supuesto, es importante porque los testimonios brindados en el contexto de una colaboración eficaz tienen un valor distinto al de aquellos que simplemente se ofrecieron en un careo incidental. En ese sentido, con solo una semana de vigencia, el acuerdo de colaboración ya ha demostrado –a contracorriente de lo que sostenían sus detractores– ser una herramienta útil para el trabajo del equipo especial.

Es necesario recalcar, sin embargo, que no todas las revelaciones tienen la misma resonancia judicial: no es lo mismo ser procesado por presuntamente haber lavado activos en el marco de una campaña electoral (cuando jurídicamente todavía se dirime si la no declaración de aportes puede calificar dentro de dicho tipo penal) que por haber recibido una coima por la licitación de un proyecto siendo funcionario público. Y en esa medida, hay algunos aludidos que, tras la ronda de interrogatorios, salen más chamuscados que otros.

De todos los mencionados hasta ahora, quizá el más complicado sea el ex presidente Alejandro Toledo. Según contó el martes Sergio Nogueira, ex secretario general de Conirsa –el consorcio encargado de la construcción de los tramos II y III de la Interoceánica Sur–, la constructora brasileña habría pagado US$45 millones en coimas por adjudicarse dicha obra; un monto del que, según Nogueira, las consorciadas peruanas (Graña & Montero, JJC Camet e ICCGSA) habrían asumido el 30%. Toledo, según reveló Jorge Barata en el 2017, habría recibido US$20 millones de esa holgada bolsa.

Para agravar aún más su situación, el jueves una fiscalía de Costa Rica allanó las oficinas centrales del Scotiabank de ese país como parte de la investigación que sigue con relación a transferencias bancarias asociadas a Toledo que podrían ser parte de las coimas antedichas.

Si a ello, a su vez, le sumamos el dato proporcionado por el fiscal Rafael Vela de que el acuerdo de colaboración eficaz con Josef Maiman –quien ha declarado antes que Odebrecht depositó en sus cuentas los sobornos que serían para Toledo– se habría culminado exitosamente, el panorama para el ex presidente empieza a tornarse poco auspicioso para sus intereses.

Pero el caso de Toledo no ha sido el único. Ayer, el ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra aportó dos datos que sirven para reforzar informaciones ya conocidas. Primero, Trindade afirmó que acompañó a Barata al departamento del ex presidente Ollanta Humala en la avenida Armendáriz para que el ex representante de Odebrecht en el Perú le entregue US$1 millón a la señora Nadine Heredia en el marco de la campaña del 2011 (Barata ya había declarado en el 2017 que en ese mismo domicilio había efectuado varias entregas de dinero a Heredia). E indicó también que la constructora aportó a las campañas de Lourdes Flores del 2006 (entre US$10 mil y US$15 mil) y del 2010 (US$200 mil), corroborando así los dichos de un aspirante a colaborador eficaz revelados hace una semana sobre la supuesta financiación de Odebrecht a la candidata del PPC.

Así también, otros ex funcionarios han provisto información que comprometería al ex mandatario Alan García, al ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima Horacio Cánepa, al ex gobernador regional del Callao Félix Moreno y al ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala, que en su momento serán más ampliamente comentados.

Es cierto que toda esta madeja informativa es apenas la primera de varias que, con seguridad, seguirán llegando a la fiscalía peruana. Pero hasta ahora, su contenido permite ir encajando algunas piezas que, de a pocos, van complicando la situación judicial de varios políticos peruanos.

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