Diversas estimaciones apuntan a que el valor de las ventas de la minería ilegal habría sobrepasado los US$10.000 millones durante el 2025. Este año, el monto podría ser similar. La suma es gigantesca, suficiente para construir 70 centros comerciales grandes en un año y superior al valor anual de las agroexportaciones en cualquier año antes del 2024. ¿A dónde se va todo ese dinero?
Esa es una excelente pregunta para entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sunat y la fiscalía. Por sus dimensiones, los rastros financieros de los involucrados en la actividad ilícita deberían ser bastante evidentes. Ayer, por ejemplo, este Diario dio cuenta de tres mineros informales en la zona de Pataz a quienes la fiscalía investiga por desbalance patrimonial.
De acuerdo con el trabajo de la Unidad de Investigación de El Comercio, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos sigue la pista de Danny Marreros, quien cuenta con Reinfo vigente pero no con contrato de explotación. Él acumula S/3,5 millones en activos entre los que se incluyen vehículos para el transporte minero. En similar situación está Eduardo Franco Ruiz, también relacionado al sector y quien compró 29 inmuebles entre el 2014 y 2024. Su fortuna ascendería a casi S/9 millones. Finalmente, Orlando Sánchez Iparraguirre, de Pataz, ostenta, junto con su familia, un hotel de 10 pisos, un centro comercial y estaciones de servicio, presumiblemente financiados con dinero proveniente de la minería informal.
Esta es apenas una pequeñísima muestra de potencialmente miles de casos similares. Las consecuencias de la minería ilegal no son solo la pérdida de recaudación tributaria, el daño medioambiental ni el retraso de inversiones formales en la zona afectada; la consecuencia principal es la violencia y los crímenes serios asociados a la actividad (como la trata de personas y la extorsión).
El seguimiento de casos como estos debe llevar a las autoridades a encontrar estructuras de trabajo sistemáticas. Miles de millones de dólares en ventas anuales no se canalizan espontáneamente. Se requieren cadenas de insumos, procesadores, financistas, clientes, lavadores y un nutrido grupo de ávidos intermediarios para que operaciones ilegales de esta envergadura sean exitosas. Este debe ser el norte de las autoridades porque, a la larga, es la única forma de solucionar el problema. Algunos nombres de investigados en la fiscalía pueden enviar un mensaje inicial claro, pero la diferencia solo se logrará escalando a los niveles más altos de cada organización.
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