Esta semana, la Corte Suprema de Justicia argentina ratificó la condena por corrupción contra la expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). El fallo confirmó también su inhabilitación política “de por vida”, lo que desbarata sus planes de postular a una diputación en la segunda mitad del año que le habría garantizado inmunidad parlamentaria y, con ella, la impunidad que tanto ha venido buscando. Esta vez, la justicia llegó a tiempo.
Como mencionamos días atrás, se trata de un hito en la lucha anticorrupción en América Latina. CFK, quien gobernó Argentina entre el 2007 y el 2015, ha sido condenada en tres instancias distintas en un caso que se extendió durante una década. En simple, la Causa Vialidad demostró cómo durante los 12 años en los que la condenada y su difunto esposo, Néstor Kirchner, gobernaron Argentina, un empresario amigo del matrimonio, Lázaro Báez, se benefició con el 79% de las obras viales que se licitaron en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. De los 51 proyectos adjudicados a Báez, la mitad nunca se terminó; sin embargo, su empresa se vio favorecida sistemáticamente con sobreprecios que perjudicaron por más de US$1.000 millones al erario argentino.
Pese a lo anterior, la izquierda latinoamericana ha salido en bloque a apoyar a su correligionaria, echando mano del viejo cuento de “la persecución política”. “Ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales”, escribió, por ejemplo, el expresidente boliviano Evo Morales. A su turno, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, mostró su “solidaridad” con CFK e incluso comparó su sentencia con la situación del expresidente Pedro Castillo, encarcelado por ejecutar un golpe de Estado. No podía faltar, además, el pronunciamiento de la satrapía venezolana, que mediante un comunicado equiparó a Fernández de Kirchner con el líder sudafricano Nelson Mandela y tildó el fallo del martes de “ilegítimo e ilegal”. Finalmente, en nuestro país, la izquierda no dejó pasar la oportunidad de hacer el ridículo y desde el Nuevo Perú se pronunciaron contra “la justicia argentina controlada por las familias más ricas del país”.
Se trata, por cierto, de declaraciones para nada sorpresivas. Históricamente, la izquierda regional se ha mostrado incapaz de ver las evidencias de corrupción alrededor de sus correligionarios, así como tampoco suelen notar las derivas autoritarias de sus líderes. Los ejemplos son muchos y van desde la conversión de Hugo Chávez en dictador hasta la coincidencia de que Odebrecht haya extendido su sistema criminal bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil.
Lamentablemente para ellos, la realidad va mostrando, poco a poco, la flaqueza de ese discurso.
