Finalmente, varias semanas después de lo anunciado, el gobierno acaba de oficializar la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), la entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Programa Nacional de Centros Juveniles en la administración del sistema penitenciario nacional. Según explicó el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, la Sunir debería romper fuegos en junio y tendrá una organización que la hará mucho más eficiente que su antecesora; ello, con el objetivo de “recuperar el principio de autoridad” y “darle énfasis a lo que es la resocialización y la prevención de la comisión de delitos”.
Para comenzar, hay que decir que la reforma del sistema penitenciario es una demanda que este Diario ha venido realizando de manera sostenida en los últimos años. Después de todo, ninguna estrategia contra el crimen organizado y la delincuencia común tendrá éxito mientras las cárceles sean lugares desde donde los presos continúan realizando sus fechorías. Sin embargo, en el Perú llevamos décadas dejando al sistema penitenciario funcionando entre la inercia y la desidia.
Se requiere, por ello, una reforma que ataque simultáneamente varias de las falencias más graves que arrastran las cárceles peruanas. Comenzando por el hacinamiento. Pese a que nuestros establecimientos penitenciarios tienen capacidad para albergar a unos 41.000 reos, hasta noviembre del año pasado alojaban más de 100.000. La situación es tan crítica que incluso el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en el 2020 y ordenó que el Estado Peruano la corrigiera, a más tardar, en cinco años (un plazo que, para variar, no se respetó).
Además de sobrepobladas, las prisiones peruanas están también desbordadas por la corrupción. Todos quienes conocen de cerca el sistema saben que existe una serie de gollerías que los reclusos pueden comprar, desde elegir el pabellón en el que estarán ubicados hasta la facultad de portar celular en su propia celda. Justamente, con estos aparatos es que muchos continúan coordinando acciones criminales y sembrando el terror tras las rejas. Y ningún organigrama por sí solo podrá conjurar esta realidad.
Se requiere, pues, que el gobierno se tome en serio la reforma penitenciaria. No se trata solo de hacer show yendo a las cárceles para liderar requisas que pueden quedar bien para la foto, pero que no solucionan el problema de fondo. Tampoco de creer que reformar es obligar a los internos a llevar la cabeza rapada y cantar el himno nacional todas las mañanas. Se necesita mucho más que eso.
Si el presidente José Jerí realmente quiere trascender, tiene aquí una reforma por la que, si tiene éxito, sin duda será recordado.