Editorial El Comercio


Como este Diario ha informado recientemente, las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados a partidos políticos sin su consentimiento han empezado a multiplicarse en las redes. Es evidente que cada una de esas denuncias tiene que ser contrastada con la realidad antes de sacar conclusiones definitivas, pero las dimensiones del reclamo sugieren que estamos ante un auténtico problema cuyas consecuencias podrían enturbiar los futuros procesos electorales, empezando por las elecciones generales, así como las regionales y locales que se celebrarán en nuestro país el próximo año.

Como se sabe, contar con más de 25.000 afiliados es una de las exigencias legales que existen actualmente para que los partidos políticos puedan inscribirse como tales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que las afiliaciones fraguadas equivaldrían a las firmas falsas que en el pasado signaron el destino de tantas organizaciones de ese tipo. Ahora, para ser incorporado como militante de un partido, lo que la autoridad exige es que el ciudadano interesado, amén de proporcionar sus datos generales, firme y coloque su huella dactilar en una nómina que luego será revisada por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). De manera que si se comprueba que alguna falsedad se ha deslizado entre esos elementos, la responsabilidad es, en primer lugar, de quien presentó la nómina (el partido en cuestión) y, en segundo lugar, de quien realizó defectuosamente la verificación (Reniec).

Por cierto, también existe la posibilidad de que se presenten denuncias ficticias o de ciudadanos que simplemente se afiliaron a un partido y luego se arrepintieron, en cuyo caso las sanciones y el pago de la desafiliación tendrían que ser asumidos por el denunciante. Pero en todos los otros escenarios, era claro que cargar sobre los hombros de los ciudadanos afectados los costos y la sola necesidad de la realización de un trámite para dejar sin efecto la afiliación fraguada resultaba injusto, descaminado y abusivo. Por ello, hay que destacar la oportuna reacción del JNE, que anoche anunció la eliminación del pago de S/46,20 para aquellos que fueron afiliados sin su consentimiento.

En todos los otros casos, en consecuencia, la sanción debería recaer sobre el partido que presentó información adulterada y sobre la institución que no cumplió adecuadamente los procedimientos de vigilancia de esa presentación: una circunstancia que muestra la preocupante vulnerabilidad de la base de datos del Reniec.

Finalmente, la gran pregunta es: ¿hay partidos que ya se inscribieron para los comicios del 2026 o están en vías de hacerlo para las elecciones posteriores de manera indebida? Si tal cosa se hubiese producido, la única sanción imaginable sería, como es obvio, la eliminación de ese partido del ROP.



Editorial de El Comercio

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