Hace dos días, el pleno del Congreso aprobó –finalmente– una primera acusación constitucional contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry a fin de que pueda ser investigado por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de encubrimiento real. La decisión se tomó con 75 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, y siguiendo lo que había resuelto, con bastante polémica, la Comisión Permanente el pasado 28 de mayo.
Antes de entrar de lleno al asunto, vale aclarar que la votación del miércoles se dio solo después de una larga serie de intentos –algunos fallidos– de acusar al fiscal; una demora motivada tanto por las reiteradas ausencias del imputado a las sesiones en las que debía dar sus descargos como por la desidia de un sector mayoritario del Parlamento (una actitud que, dicho sea de paso, resulta paradójica si tomamos en cuenta que se trata de los mismos legisladores que a inicios de semana reprobaron el hecho de que el ministro Del Solar hubiese pedido dilación en la revisión de una denuncia contra el titular del Legislativo en la Comisión de Ética).
Pues bien, volviendo al punto, el delito por el que se ha acusado constitucionalmente al fiscal Chávarry se habría configurado al remover a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela de sus puestos dentro del equipo especial para el Caso Lava Jato en la víspera del Año Nuevo, dificultando así la acción de la justicia. Dicha medida, como recordamos, desató una oleada de protestas ciudadanas contra el entonces fiscal de la Nación que lo empujaron, primero, a desdecirse, y luego a anunciar su dimisión al cargo.
El hecho de que el señor Chávarry dejara sin efecto su propia resolución, sin embargo, no lo salvó de enfrentar una denuncia en el Congreso. Y así, el pasado 20 de mayo la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó acusar al todavía fiscal supremo por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y organización criminal, y recomendar al pleno que sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.
Días después, empero, la Comisión Permanente revisó el pedido y decidió –gracias a los votos de Fuerza Popular y el Apra– retirar del expediente dos de los tres cargos (encubrimiento personal y organización criminal) y rechazar la posibilidad de que Chávarry fuese removido del puesto. En otras palabras, aprobó una acusación descafeinada, quitándole el filo y los dientes de la original.
Esta versión afeitada llegó finalmente al pleno el miércoles y se terminó aprobando, a pesar de los pedidos de algunas bancadas, como la Liberal y la del Nuevo Perú, para que se retomasen los cargos dejados de lado y para que se decretara la destitución e inhabilitación del señor Chávarry. En buena cuenta pues, él seguirá ocupando una de las cinco sillas de la Junta de Fiscales Supremos, a pesar del rosario de cuestionamientos que carga en su contra y de las imputaciones –realizadas por una fiscal de menor rango que él– de que pertenecería a una presunta organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, junto con otros dos integrantes de la cúpula del Ministerio Público.
Y aunque los congresistas que en los últimos meses mostraron poca preocupación por la continuidad del señor Chávarry en la máxima instancia de la fiscalía intenten esgrimir ahora que no puede hablarse de un ‘blindaje’ al exfiscal de la Nación porque ya ha sido acusado formalmente, la verdad es que catando la tibieza de lo aprobado resulta difícil no catalogar la decisión de la representación nacional como algo menor a una protección.