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Editorial: Antes que lamentar

Pedro Chávarry debe ser suspendido de la Junta de Fiscales Supremos para salvaguardar lo avanzado en el Caso Lava Jato.

Editorial

Pedro Chávarry

Pedro Chávarry en una presentación ante el Congreso acompañado por sus abogados. (Foto: Renzo Salazar / GEC).

Hoy la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla Corrales se presentará ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a fin de sustentar la denuncia en contra del fiscal supremo Pedro Chávarry. Antes de tantear las dimensiones de lo que podría implicar esta audiencia, es necesario hacer un recuento de los sucesos que nos han traído hasta aquí.

El caso que hoy será revisado por el juez Hugo Núñez Julca corresponde a la primera (y hasta ahora única) acusación constitucional que ha aprobado el Congreso de la República en contra de Chávarry. Como se recuerda, en julio pasado el Parlamento resolvió que Chávarry fuera investigado –a expensas de su alto cargo– por el delito de encubrimiento real, pero se negó a removerlo de su puesto y a que se sumen a su expediente los delitos de organización criminal y encubrimiento personal. En otras palabras, lo que se ventilará hoy es apenas una versión bastante descafeinada y tenue comparada con el ramillete de denuncias que se han tramitado contra el exfiscal de la Nación en el Congreso y que una mayoría parlamentaria ha conseguido engavetar en los últimos meses una y otra vez con un descaro pasmoso.

Nada de lo anterior dicho, claro está, le resta gravedad al asunto por el que Chávarry ha sido denunciado. Después de todo, la imputación por encubrimiento personal en su contra tiene su génesis en la desvergonzada remoción que operó en contra de los fiscales del equipo especial para el Caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, cuando todavía presidía el Ministerio Público en vísperas del Año Nuevo. Para nadie al que le cueste llamar a las cosas por su nombre, aquella fue una jugarreta desesperada del señor Chávarry para deshacerse de unos funcionarios que comenzaban a incomodarlo conforme sus pesquisas iban avanzando. Y la burda admonición que lanzó luego de que haría público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht –lo que, en ese entonces, equivalía a triturarlo– confirmaban que arrastraba cierta intranquilidad.

Como sabemos, el señor Chávarry se vio forzado a dimitir de la cabeza de la fiscalía por la presión ciudadana, pero nunca abandonó la silla que todavía ocupa en la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Una instancia en la que, dicho sea de paso, tres de sus cinco integrantes cargan la ignominiosa marca de haber sido señalados por la fiscal Sandra Castro de integrar una presunta organización criminal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto (uno de ellos, Tomás Gálvez Villegas, tiene además una orden de impedimento de salida del país por mandato de un juez en un caso en el que se le imputan los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, cohecho activo y organización criminal), por lo que el riesgo de que las investigaciones de la institución pueden ser pulverizadas desde el interior no es una sospecha exagerada.

Es por todo lo dicho hasta aquí, que la audiencia de hoy podría terminar siendo crucial. Pues si la fiscal Revilla decide solicitar la suspensión de Chávarry de su cargo en el marco de las indagaciones en su contra, el juez Núñez no podría sino atender dicha solicitud. Suspender a Chávarry, además, no solo sería saludable para impermeabilizar las pesquisas de cualquier intento de sabotaje que podrían sufrir, más aun tratándose de un personaje que ya ha exhibido pocos escrúpulos al momento de hacer prevalecer sus intereses personales. Sino que, asimismo, podría ayudar a recalibrar el equilibrio de fuerzas dentro de la JFS, privando a los magistrados manchados de la mayoría de votos que ostentan en la actualidad y, por lo mismo, salvaguardando al equipo especial y a las investigaciones del Caso Lava Jato, cuya continuidad transita desde hace tiempo por el borde de la caldera.

Como dijimos anteriormente en este Diario, cerradas las dos únicas vías por las que el señor Chávarry podría ser destituido –por un lado, con un Congreso claramente benefactor suyo, y por el otro con una nonata Junta Nacional de Justicia–, la oportunidad que podría significar la audiencia de hoy no es minúscula. Y ojalá que los funcionarios que participarán en la cita así lo entiendan, antes que tengamos algo que lamentar.

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