En los próximos días, se oficializarán las presidencias de las 24 comisiones ordinarias del Congreso de la República y en este Diario hemos venido advirtiendo sobre el riesgo de que varias de ellas puedan caer en las manos menos apropiadas. Justamente una de estas es la de Fiscalización, que en teoría se encarga de realizar el control político de nuestras autoridades –una labor que, bien ejercida, resulta fundamental para obligar, por ejemplo, a que un Ejecutivo renuente a rendir cuentas se vea forzado a hacerlo– que, según fuentes de este Diario, recaería en un grupo repleto de investigados: Podemos Perú.
En los últimos tres años, la evolución de esta bancada ha seguido una dinámica diferente a la del resto. Mientras las otras han tratado de apartar a sus integrantes caídos en desgracia, Podemos Perú los ha abrazado siguiendo una lógica netamente cuantitativa: mientras más miembros tengan (independientemente de la calidad de estos), más peso tendrán en el Congreso y, por ende, sus votos valdrán más en una negociación política o, como en este caso, podrán obtener un número mayor de comisiones a su cargo.
Así, han pasado de cinco a 14 integrantes, sumando en sus filas a ‘Niños’, mochasueldos y otros legisladores con diferentes investigaciones abiertas en el Ministerio Público. En buena cuenta, podría decirse que, si uno quiere tener un resumen de todos los vicios de este Congreso, bastaría con darle una mirada a la bancada de Podemos Perú, pues ella es un muestrario que condensa bien todos los males de la representación nacional.
Su último jale ha sido el expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, que se incorporó dos días atrás. Bellido tiene abiertas dos investigaciones en la fiscalía: una por afiliación terrorista a Sendero Luminoso y otra por obstrucción a la justicia por presuntamente haber presionado a un testigo de su primera investigación. Y la mayoría de sus nuevos compañeros enfrentan un trance parecido.
Otras recientes incorporaciones a Podemos Perú son las de dos de los célebres ‘Niños’ que entraron al hemiciclo bajo la bandera de Acción Popular: Darwin Espinoza y Jorge Luis Flores Ancachi. Ellos, además de estar señalados por haber canjeado su apoyo en el Legislativo por puestos de trabajo para sus allegados durante la presidencia de Pedro Castillo, afrontan sus propias cuitas legales: Espinoza está siendo investigado por utilizar indebidamente recursos del Congreso en la conformación de un movimiento regional en Áncash, y Flores Ancachi ha sido denunciado por supuestamente haberle recortado el sueldo a sus trabajadores.
Pero él no es el único mochasueldo que ha pasado a engrosar las filas de Podemos Perú. La bancada cuenta también con Heidi Juárez (ex Alianza para el Progreso), José Arriola (ex Acción Popular) y Edgar Tello (ex Bloque Magisterial), que se hallan también señalados por esta práctica infame. Todos ellos vienen de bancadas con ideologías diferentes, por lo que no parece que los unan las ideas, sino más bien las manchas en sus hojas de vida que hacen que otros partidos los quieran lejos de sus filas.
Hay que decir que esta falta de escrúpulos de la bancada al momento de reclutar indeseables en el hemiciclo es en realidad bastante coherente con la situación de su líder, José Luna Gálvez, investigado por presunta pertenencia a una organización criminal, y también con el hecho de que comparten asiento con nada menos que un sentenciado: el legislador Luis Picón (ex Alianza para el Progreso), condenado el año pasado por actos de corrupción ejecutados durante su etapa como gobernador regional de Huánuco.
En total, 10 de los 14 miembros del grupo se encuentran investigados o han sido sentenciados por distintos delitos. Una auténtica bancada de procesados que, en el colmo de la desvergüenza, estaría a punto de asumir nada menos que la Comisión de Fiscalización. Si el resto de los parlamentarios tiene aunque sea un ápice de vergüenza, debería evitar que esto ocurra. Lamentablemente, ya sabemos que la vergüenza es una divisa escasa en el hemiciclo.
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