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Editorial: Ética que tarda

La dilación en el caso de la congresista Yesenia Ponce es solo la manifestación más escandalosa de un problema más vasto.

Editorial

Yesenia Ponce

Hace dos días, durante la revisión de su caso en la Comisión de Ética, la legisladora Yesenia Ponce afirmó: “ya estoy cansada de que me quieran extorsionar”. (Foto: Juan Ponce/El Comercio).

El caso de la congresista de Fuerza Popular (FP) Yesenia Ponce se ha convertido en el símbolo de los extremos a los que puede llegar la actitud contemplativa del Legislativo ante las faltas y eventuales delitos de algunos de sus miembros. Esta semana, la presentación en la Comisión de Ética de dos personas que negaron expresamente la condición de ex profesores suyos que ella les había atribuido ha funcionado frente a la opinión pública como el detonante final de una vergonzosa situación que se viene arrastrando en ese poder del Estado de tiempo atrás.

Los ciudadanos Manuel Ojeda Campos y Olivia Estela Ayala Campos, en efecto, no solo declararon ante el referido equipo de trabajo parlamentario que no habían sido maestros de la señora Ponce en los supuestos años finales de su educación escolar, sino que revelaron no haber ejercido jamás la docencia y haberse dedicado más bien a la venta de productos para mascotas y a la enfermería, respectivamente. Una forma singularmente aparatosa de desmentirla.

En esa misma sesión, se presentaron, además, otros testigos con testimonios igualmente desbaratadores de las distintas versiones que la congresista fujimorista ha ensayado a lo largo del tiempo para prestarle verosimilitud a la información sobre sus estudios que, antes de postular, consignó en su hoja de vida. Y sin embargo, ella ha insistido en que “todo ha sido armado” para ser usado en su contra.

En las actuales circunstancias, hasta aquellos de sus compañeros de bancada habitualmente menos dispuestos a admitir conductas reprobables en las filas de FP han acabado por censurarla. El legislador Héctor Becerril, por ejemplo, ha aseverado ayer que la situación de su colega “es insostenible” y que seguramente recibirá una “sanción drástica”. Pero la verdad es que los rigores de hoy contrastan con los algodones de ayer.

A la señora Ponce se la denunció originalmente ante la Comisión de Ética por las presuntas mentiras en su hoja de vida sobre sus estudios secundarios en octubre del 2016 y los datos que, de manera tan rotunda, ahora tienden a confirmar esas sospechas estuvieron a vista de quienes estaban llamados a interesarse en el caso desde hace largo tiempo.

De hecho, fue el escándalo por el archivamiento de una acusación derivada de la anterior (relacionada con un supuesto pago al director de uno de los colegios en los que ella asegura haber estudiado) lo que provocó la crisis que podría estar llegando ahora a un desenlace. Una crisis, dicho sea de paso, que sintomáticamente acarreó la renuncia del antiguo presidente de esa Comisión –Juan Carlos Gonzales, también de FP– y la posterior disposición a reconsiderar el caso.
No obstante, la polvareda que este episodio justificadamente ha levantado podría generar la impresión de que es un problema aislado, y eso no es así.

Veamos algunas cifras. Desde el inicio de este gobierno, han llegado a la Comisión de Ética más de 100 denuncias, de las cuales más de 80 fueron consideradas improcedentes (lo que puede ser perfectamente razonable). Se han emitido 10 informes finales: solo 7 acabaron con recomendaciones de algún tipo de suspensión, por problemas que van desde los plagios en proyectos de ley hasta el incumplimiento de sentencias sobre reparaciones civiles.

Ocurre, empero, que hasta ahora el pleno no ha procedido a aprobar suspensión alguna. Al parlamentario aprista Elías Rodríguez se le varió la sanción por una multa y a la ya mencionada Yesenia Ponce, como consecuencia de una denuncia distinta, solo se le dio una amonestación pública. Existen por cierto otros casos pendientes que podrían acabar con una sanción como la que próximamente podría recibir esa legisladora, pero por el momento esperan su turno sin apremio, quizás porque la ciudadanía no los conoce muy bien y no ha expresado indignación al respecto.

Será quizás una buena ocasión para que los medios nos comprometamos a exponerlos de manera minuciosa ante la opinión pública y acelerar así la reacción que corresponda en el Congreso. Porque, como la justicia, la ética que demora acaba por no ser ética. Y suficiente tenemos con la frecuente falta de aquella como para resignarnos también a la permanente ausencia de esta.

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