Dos días atrás, el Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado solicitando al Ministerio Público que dé marcha atrás en la investigación contra los periodistas Rosana Cueva, Eduardo Quispe y Beto Ortiz, abierta tras una denuncia de Zamir Villaverde. Quizás muchos no lo recuerden ahora, pero Villaverde fue uno de aquellos personajes nefastos que merodearon Palacio de Gobierno durante el gobierno de Pedro Castillo. Su historia está repleta de líos con la justicia.
En el 2007, fue detenido por integrar una banda que asaltó a punta de pistola una pizzería. Dos años después, fue sentenciado a 10 años de prisión por robo agravado. Años más tarde, Villaverde fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por colusión y uso de documentos falsos, en un proceso en el que se acogió a la sentencia anticipada; es decir, reconoció su culpabilidad. Posteriormente, y luego de conocerse sus vínculos con Pedro Castillo y sus sobrinos, fue recluido en el penal Ancón I para cumplir prisión preventiva por el Caso Puente Tarata, de donde salió con el compromiso de “seguir colaborando” con la justicia. Desde que recuperó su libertad en julio del 2022, sin embargo, Villaverde ya acumula cinco nuevas denuncias policiales, según informó “Cuarto poder” en diciembre. Muy colaborador con la justicia no parece.
Que personajes con poca vergüenza y mucho por esconder denuncien a periodistas no es algo nuevo. Esa es, después de todo, la manera que tienen para evitar que se conozca aquello que desearían mantener en las sombras. Lo preocupante es que el Ministerio Público les tome la palabra bajo argumentos tan inverosímiles como el de que los periodistas denunciados habrían pagado a una colaboradora eficaz para acceder a información comprometedora contra Villaverde. Sabiendo, además, que en el Perú no solo civiles, sino también funcionarios, recurren con suma facilidad a la intimidación judicial para acallar a la prensa. Según la Asociación Nacional de Periodistas, el año pasado se registraron 46 episodios de hombres y mujeres de prensa amenazados con ser llevados ante un tribunal por su trabajo. Por si no ha quedado claro, esta es otra forma de censura.
El problema se agrava cuando existen jueces y fiscales que desconocen la práctica periodística y las protecciones que le asisten. El año pasado, por ejemplo, una jueza en Chiclayo obligó a un semanario local a revelar sus fuentes. Mientras que en Ayacucho, una fiscalía presionó a una estación radial para que hiciera lo mismo.
Con antecedentes así, hay motivos para preocuparse por el destino de la denuncia de Villaverde. Por lo que lo más saludable sería que el Ministerio Público la retire y desista, en general, de abrirles procesos a periodistas por cualquier cosa.
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