(Foto referencial: GEC)
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Editorial El Comercio

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Ayer, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso paralizó la discusión del predictamen que busca modificar la ley de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y que, entre otras modificaciones, propone extender por seis años los permisos de las rutas de las combis, buses y coasters que vienen circulando por la capital, con la salvedad de las autorizaciones que sean revocadas por “imposición de sanción, medida complementaria o medida correctiva”.

El motivo de la suspensión del debate fue que se debía escuchar primero a los técnicos de la ATU y del MTC: algo saludable, pero que, en realidad, hace que uno se pregunte por qué los congresistas que formularon los proyectos sobre los que se construyó el predictamen no se tomaron esta molestia antes de llegar hasta aquí. De todas formas, hay que aplaudir que, por lo menos en esta oportunidad, haya primado la sensatez en el Congreso y se haya pisado el freno antes de continuar con una maniobra temeraria cuyas consecuencias no avizoraban nada bueno.

En realidad, los eventos que precedieron a la jornada de ayer en la Comisión de Transportes fueron por demás caóticos… tan caóticos como, valga la metáfora, el tráfico de la ciudad. El predictamen mencionado, por ejemplo, tomaba como bases dos proyectos de ley, presentados por los legisladores Marcos Antonio Pichilingue (Fuerza Popular) y Luis Carlos Simeón (Acción Popular). Este último, además, se desempeña como titular del referido grupo de trabajo parlamentario

Sin embargo, en las primeras horas de ayer, el proyecto del legislador fujimorista fue retirado antes de que comenzara la discusión, según dijo su autor en una carta remitida a su colega Simeón, porque mediante una resolución directoral publicada esa mañana en “El Peruano”, la ATU había ampliado “la vigencia de los títulos habilitantes de transporte convencional y de taxis por seis meses […]; por ello, resulta innecesaria la propuesta que planteé”. No obstante, entrevistado por este Diario horas después de que se hiciera pública su misiva, el señor Pichilingue acusó más bien al titular de la comisión de haber distorsionado su propuesta original. “Yo no me voy a sumar a eso”, sentenció.

El otro proyecto que había servido de insumo para el predictamen era, justamente, autoría del parlamentario Simeón. Y planteaba, entre otras cosas, que la prórroga de las licencias sea, no de seis, sino de diez años.

Más allá de lo anecdótico de la jornada de ayer, está el problema de fondo. A estas alturas, resulta hasta pleonástico explicar los problemas que entrañaría una extensión automática de la vigencia de las autorizaciones de las rutas que operan en la ciudad. Porque, en última instancia, lo que se está prorrogando es mucho más que los permisos de una nómina de empresas de transporte público: es el anquilosado sistema que se ha instalado desde hace años en las pistas de Lima y el Callao. Un sistema caótico, invertebrado y en cuyas hendiduras, como denunciamos hace unos días en este Diario, algunas bandas criminales han encontrado nichos para acometer otros delitos, como el cobro de cupos o la extorsión.

En el sistema actual, como sabemos, no existen vínculos formales entre el titular de una ruta y los choferes de los vehículos o los dueños de la flota. Esto produce esa situación absurda –además de peligrosa– en la que dos combis de una misma firma terminan compitiendo entre sí para ganar pasajeros en los paraderos. Además, muchas de las empresas que cuentan con aval para brindar el servicio de transporte público acumulan papeletas sin pagar por millones de soles.

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ha asegurado que habló con el titular del Legislativo, Manuel Merino, para que ambos poderes trabajen una propuesta conjunta al respecto. Ojalá que este compromiso no quede en el aire y que la propuesta final sea una que ayude a detener el caos de nuestras vías; no que lo prorrogue.

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