Editorial: Si no está roto…

Sería injusto decir que este es un gobierno contrario a la inversión privada. Ello no significa, sin embargo, que la administración liderada por el presidente Martín Vizcarra no haya dejado pasar más de una oportunidad para favorecer el clima de inversiones y transmitir el mensaje de que el Perú es un país que se toma en serio su ambiente de negocios. Ejemplos como el retraso en que se mantiene la construcción del proyecto minero Tía María, en Arequipa, o los retrocesos en el pilar laboral de la Política Nacional de Competitividad y Productividad son casos que hemos ya destacado.

A la fecha, quizá el más emblemático de estos momentos de tibieza e indecisión sea la prórroga de la Ley de Promoción Agraria. En mayo pasado, en el contexto de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo, se le dio la oportunidad al gobierno de extender la vigencia de la norma, que vence a finales del 2021. No obstante, el presidente Vizcarra prefirió dejar el asunto –que motivaba algunas críticas desde los frentes de izquierda– en manos del Congreso.

Como se sabe, esta ley reduce los costos tributarios para los empresarios agrícolas y otorga condiciones flexibles de contratación. Su impacto ha sido nada corto de espectacular. Los envíos de uvas, espárragos, palta y, en los últimos años, de arándanos, entre otros productos, han colocado al Perú entre los primeros exportadores a nivel global, aprovechando lo que antes era desierto y agua que iba al mar. En paralelo, este impulso permitió generar empleo formal en zonas rurales y reducir la pobreza. De hecho, el año pasado, buena parte del incremento en el empleo formal se dio en el campo. Según Apoyo Consultoría, “la ley ha permitido un desarrollo del sector y la disminución de la pobreza (rural) que bajó de 81,3% a 38,3% a pesar de no haber sido acompañada apropiadamente por la ley de agricultura familiar”.

Casi un año después del desmarque del presidente Vizcarra, el Legislativo se alista ahora para debatir la extensión del régimen agrario, pero con modificaciones. El dictamen de la Comisión Agraria del Congreso incluye la ampliación de las vacaciones anuales de 15 a 30 días, el incremento del aporte a Essalud de 4,5% a 6%, y la subida de la indemnización por despido arbitrario de 15 a 45 remuneraciones.

Si bien lo esencial de la norma se mantiene –la flexibilidad en la contratación y despido de trabajadores dada la naturaleza estacional del negocio– los cambios arriesgan quitarle brillo al sector económico que, luego de la minería, mejor se había desempeñado en la última década. El argumento de la explotación laboral a partir de este régimen es, por lo demás, flojo: el salario en el régimen agrario habría subido de S/728 en el 2004 a más de S/1.400 en la actualidad.

Según la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, “el dictamen es por 10 años y nosotros hemos conversado con el Congreso, porque lo que tenemos que encontrar es un régimen, que vaya acercándose al general, porque ya sabemos que es temporal”. Esta visión equivale a proponer acercar lo que funciona hacia aquello que no funciona, en vez de emprender el camino opuesto. Ampliar los beneficios laborales hacia sectores mucho más allá del agrícola –agroindustrial, forestal, acuícola e industrias manufactureras– pareciera ser una ruta más sensata que ponerle fecha de expiración y cortapisas a una de las historias de éxito económico y social más emblemáticas de las últimas décadas.
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