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Editorial: La guerra del fin del mundo

Con el intento de censura a Salaverry, el fujimorismo se juega una carta desesperada para conservar su poder en el Congreso.

Editorial

Daniel Salaverry

Los legisladores de Fuerza Popular protestan ante el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el último lunes 7 de enero. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

Que la bancada de Fuerza Popular (FP) está contrariada por la forma en la que Daniel Salaverry se conduce como presidente del Congreso es obvio desde hace tiempo, como obvio es también que parte de esa contrariedad tendría que dirigirla contra sí misma, pues fue con sus votos que el actual titular del Legislativo llegó a ocupar el cargo que ostenta.

Los motivos de ese disgusto, por cierto, no son un misterio: a poco de haber sido elegido, Salaverry empezó a tomar distancia de las dos gestiones fujimoristas de la Mesa Directiva que lo habían precedido y, mientras desactivaba varias de sus decisiones más criticadas, ponía en marcha otras largamente postergadas.

La anulación de la compra de frigobares y televisores para ciertos despachos parlamentarios ejemplifica bien lo primero y la remoción del coronel en retiro Walter Jibaja de la responsabilidad de velar por la seguridad del Congreso, lo segundo.

Luis Galarreta, su antecesor inmediato en la presidencia, sonreía en esos días ante las cámaras y procuraba persuadir a quien quisiera escucharlo de que se trataba solo de ‘características’ personales distintas, pero era claro que la procesión iba por dentro… y cada vez más cerca de la superficie.

Vino luego la solicitud de licencia a la bancada y una sucesión de gestos en los que Salaverry confirmó su determinación de no administrar el Parlamento con arreglo a los particulares intereses de FP, y la ojeriza resultó ya inocultable. Parecía difícil, sin embargo, que el fujimorismo se decidiera a convertir la licencia en un licenciamiento, pues, a pesar de contar con los votos para censurarlo, el costo a pagar en materia de imagen sería bastante elevado.

Esta semana, no obstante, a raíz de un episodio casi anecdótico suscitado por una frase del congresista Alberto de Belaunde en la sesión plenaria del lunes, la ‘bankada’ finalmente ha resuelto cruzar ese Rubicón y ha presentado una moción de censura al presidente del Legislativo, cuya admisión a debate y eventual votación ha sido puesta en agenda para hoy. Las razones mencionadas en el documento se relacionan todas con un supuesto “ejercicio abusivo” del cargo, pero una observación del escenario general en el que este enfrentamiento se inscribe sugiere algunas otras.

Ocurre que, con las últimas deserciones que ha sufrido y la mutable actitud de sus habituales aliados, no está claro que el fujimorismo cuente esta vez con los votos suficientes para imponer su voluntad. Es decir, se está jugando en buena cuenta todas sus fichas en una apuesta que podría salirle chueca. Y nadie se embarca en una especie de guerra del fin del mundo por mero despecho.

En realidad, lo que parecería estar de por medio es la merma de poder que les ocasiona la luz verde que Salaverry ha dado a la existencia de las bancadas Cambio 21 y Liberal, con la consiguiente pérdida de presidencias de comisiones y el estímulo a otras renuncias en sus propias filas que la consolidación de tal decisión acarrearía.

No parece casual, en efecto, que la Comisión de Constitución –con los solos votos de los representantes de FP que la integran y tras el retiro de sus otros miembros– resolviese un día después del ya mencionado episodio en el pleno evacuar una ‘opinión consultiva’ bastante antojadiza sobre la interpretación del Tribunal Constitucional sobre este asunto. A saber, que la definición de si un determinado legislador ha renunciado ‘legítimamente’ a su bancada (y está habilitado por lo tanto para formar o integrar otra) la tomará, en primera instancia, su grupo parlamentario de origen y, en segunda, el Consejo Directivo… al que las referidas bancadas no podrán sumarse hasta no ser reconocidas. Lo que equivale al planteamiento de dos auténticos callejones sin salida.

La permanencia de Salaverry en su puesto, no obstante, constituye un escollo para que esta posición –que hasta ahora es solo opinión consultiva– se imponga en el Legislativo y las porciones de poder en su interior se mantengan como están.

Una buena razón, esta sí, para ir a una guerra, aunque pueda ser definitiva.

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