A estas alturas, debería ser bastante claro que la percepción de corrupción –sea justa o injusta– es una mancha indeleble sobre el político nacional que la cargue. Esta corroe su capacidad de influencia, su poder, y termina por envolver al maculado personaje en una tormenta de acusaciones, destapes noticiosos y eventuales visitas al Ministerio Público. La atención que deberían poner sobre sus funciones políticas se desvía más bien hacia la defensa personal y todo lo que sea necesario para evitar la eventual caída en desgracia.
La novela es conocida, pero la presidenta Dina Boluarte no parece haber estado prestando demasiada atención. Luego del destape de sus inexplicables relojes de alta gama, ayer El Comercio publicó parte del contenido de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS sobre las finanzas de la mandataria. El punto central es que, entre el 2016 y el 2022, Boluarte habría recibido nada menos que S/1,1 millones de origen desconocido en sus cuentas bancarias. Los montos superan largamente las fuentes de ingreso conocidas y declaradas por la presidenta, quien durante la mayor parte de ese período ocupaba una posición de ingresos medios en Reniec.
El dinero se depositó en 11 cuentas del BCP, cuatro de ellas, como mencionamos, mancomunadas. Es en una de estas últimas –que comparte con Néstor Amado Camargo, con quien coincidió en el consejo directivo del Club Departamental Apurímac (CDA)– en la que recibió la mayoría de los recursos (S/893 mil). Según la UIF, las operaciones “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”.
La presidenta ya ha sido opaca con respecto del origen de sus relojes de alta gama. Cuestionada sobre la presunta omisión en su declaración patrimonial durante una conferencia de prensa la semana pasada, indicó que “la verdad sobre los hechos” la aclarará ante la fiscalía. En otras palabras: ante la ciudadanía no aclarará nada.
Esto es una muy mala decisión. La jefa del Estado no puede tener fuentes secretas de ingresos millonarios ni recibir costosos regalos de personajes misteriosos. Aun si no existiese nada ilícito detrás de estas operaciones y lujos, la ciudadanía tiene el derecho a ser suspicaz y demandar respuestas, y la prensa tiene el derecho de informar sobre irregularidades de esta naturaleza. Para deslindar no basta con negar los hechos; hay que explicarlos. En ese sentido, ayer la presidenta perdió una oportunidad para hacerlo al dejar que fuera su presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el que saliera a dar la cara en un mensaje que dejó más dudas que respuestas.
Es cierto que la presunción de inocencia es una prerrogativa que asiste a todo ciudadano. Pero también lo es que las aclaraciones sobre el patrimonio de la mandataria se hacen más urgentes en la medida en que ella no partía desde una posición sólida. Vale recordar que es investigada de forma preliminar por lavado de activos en el caso del financiamiento de Perú Libre para la campaña del 2021, y fue involucrada en las pesquisas por Los Dinámicos del Centro. Por más que quiera olvidarlo, ella compartió plancha presidencial con el exmandatario Pedro Castillo y se mantuvo como vicepresidenta y miembro de sus sucesivos Gabinetes sin deslindar nunca de los serios indicios de corrupción que se agolpaban alrededor del expresidente y sus familiares. Y aunque es verdad que ella ha sabido elegir buenos ministros en comparación con su antecesor, este esfuerzo cae en saco roto si se conduce con la misma opacidad que este.
A mediados del año pasado, además, se hizo público que dos exdirectivos del CDA obtuvieron contratos con el Estado por S/3,2 millones cuando Boluarte ostentaba el fajín ministerial. Los cuestionamientos a Boluarte por su manejo del dinero no son, pues, cosa nueva.
El rol de la prensa, en este y en cualquier asunto de interés público, será siempre alertar –con responsabilidad y profesionalismo– sobre posibles irregularidades en las acciones de quienes ostentan poder político. Lo ha sido con anteriores mandatarios, es el caso con Boluarte y lo será con futuros líderes. Pasar estas situaciones por agua tibia sería faltar al compromiso periodístico. Si la presidenta o su entorno desean que la prensa independiente ceje en su esfuerzo por cuestionar su trayectoria financiera, existe solo un camino: explicarla.
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