Editorial El Comercio

En la madrugada de ayer, delincuentes frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo, La Libertad. El acto es una señal de lo fuertes y seguros que se sienten los criminales en ese lugar, azotado permanentemente por la violencia intimidatoria de extorsionadores y sicarios. De hecho, la explosión puede ser interpretada como una advertencia a la fiscalía de no continuar con las investigaciones a los perpetradores de tales fechorías y marca, al mismo tiempo, un punto crítico en que hemos tenido en el país desde que empezó el año. Casi 100 muertes por estas razones en 20 días constituyen una cifra inaudita y escalofriante.

El Gobierno, sin embargo, daría la impresión de haber capitulado frente a este problema. Particularmente, el sector Interior, cuyo titular, , no solo es objeto de investigaciones que trata de esquivar, sino que también se muestra incapaz de esbozar una idea válida para frenar el avance de la criminalidad en el territorio nacional. Desvirtuados sus afanes por impresionar a la opinión pública con las o las visitas retóricas al tema de la , ya no parece quedarle ninguna munición que gastar en este esfuerzo.

Tras el episodio de ayer, los reflejos de su sector se han limitado a procurar cubrirle las espaldas con un pronunciamiento en el que se exaltan los “golpes” que su gestión le ha dado al crimen organizado en La Libertad y se anuncian refuerzos de la presencia policial en la región (como si las circunstancias recién se hubiesen vuelto allí alarmantes a raíz de este ataque al Ministerio Público). En horas de la tarde se comunicó también que el ministro se había trasladado hasta la zona “para coordinar […] acciones inmediatas a fin de contrarrestar la criminalidad”. La verdad, no obstante, es que, por inmediatas que fuesen, estarían llegando tarde…

En una entrevista radial, por otra parte, el presidente del Consejo de Ministros, , respondió ayer también a una pregunta sobre la eventual remoción de Santiváñez afirmando que su continuidad en el Gabinete . A falta de otras garantías, se diría, esa es la única que este Gobierno –que sintomáticamente a la promulgación de la nueva ley sobre detenciones preliminares– puede ofrecer. Una garantía que, por lo demás, equivale a hacerle saber a la ciudadanía que está librada a su suerte.

Editorial de El Comercio

Contenido Sugerido

Contenido GEC