No hay excusa

Hay muchas formas de injusticia. La más obvia son los fallos erróneos: inocentes condenados y culpables exculpados. Pero la justicia tiene también una dimensión temporal. Sentencias que llegan con demasiado retraso pierden a través de los años su sentido de resarcimiento, de disuasión y de penalidad.

Eso es exactamente lo que viene sucediendo con el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Como se recuerda, la política confesó haber recibido dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas del 2013 (en contra de su revocatoria) y del 2014 (para su reelección). Las compañías, emblemáticas del megacaso de corrupción Lava Jato, tenían contratos con la Municipalidad de Lima en el momento de la entrega de dinero, y por ello Villarán –junto con decenas de coimputados– enfrenta acusaciones por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

A diferencia de otros casos notables de políticos acusados de cargos similares, la situación de Villarán parece más directa para la fiscalía y el Poder Judicial: la alcaldesa era funcionaria al momento de la recepción de los recursos, las empresas tenían intereses directos con la entidad que ella dirigía, y ella misma ha confesado públicamente el financiamiento (aunque se ha referido a sus decisiones como un “error”).

Sin embargo, a seis años de la confesión, el juicio en su contra aún no empieza y no tiene fecha de inicio. Luego de una temporada en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, la exfuncionaria enfrenta hoy el proceso en libertad. Hay varias razones que explican el retraso –entre ellas, cambios legislativos del año pasado y la complejidad del caso por el número de pruebas y acusados–, pero los motivos de fondo son los engorrosos procesos del sistema de justicia y su baja capacidad resolutiva.

Se ha hecho ya común que este tipo de juicios tomen mucho más de lo razonable en iniciar y concluir, y como sociedad se han normalizado retrasos que bordean lo absurdo. En ocasiones, las demoras se parecen demasiado a la impunidad para que puedan justificarse con supuestas ganancias en prolijidad legal. En otras, se parecen demasiado al abuso judicial. Y, como bien demuestra la reciente caída del Caso Cocteles, seguido contra integrantes de Fuerza Popular, las tardanzas no garantizan resultados. Casos como el de Villarán deberían haber culminado hace tiempo y no hay realmente excusa que valga.