Un juicio de nunca empezar

El requerimiento acusatorio a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros más por colusión, lavado de activos, organización criminal y otros delitos estuvo listo hace más de dos años, en agosto del 2022. El juicio oral, sin embargo, todavía no ha empezado. Primero, el magistrado de la Corte Superior Nacional Jorge Chávez Tamariz se tomó hasta noviembre del año pasado para realizar el control judicial de la acusación y, luego, cuando ya había incluso un colegiado elegido para ir adelante con el proceso, las defensas de siete de los otros implicados en el caso han apelado el auto acusatorio. Un procedimiento cuya resolución, en opinión de los expertos consultados por este Diario, tomaría, en el mejor de los escenarios, un mes y medio.

¿Qué es lo que ha hecho posible esta dilación adicional? Pues la Ley 32130, promulgada por el Ejecutivo en octubre pasado, pero aprobada antes por el Congreso, en el contexto de sus empeños por ‘reformar’ el sistema de justicia. En la norma del Parlamento no se precisa si las eventuales apelaciones de este tipo detienen los trámites de juicio mientras están pendientes, pero lo cierto es que, aun cuando el proceso continuara en esas condiciones, un auto anulado en segunda instancia se traería el proceso abajo.

Como se sabe, la propia Susana Villarán admitió en el 2019 haber recibido los aportes de Odebrecht y OAS que dieron pie a la acusación pero, según ella, estos no configuran delito, por lo que el juicio es la única manera de zanjar el problema y sancionar a los responsables allí donde los hubiera. Este paso, no obstante, es por el momento imposible gracias a la gestión de una mayoría de la representación nacional que ha favorecido, una vez más, a los procesados de alto perfil.

Tratando de jalar agua para su molino, la presidenta Boluarte cargó recientemente contra el sistema de justicia alegando que a la exalcaldesa no le rompieron la puerta, como a ella… Pero olvidó mencionar que fue su gobierno el que evitó observar la famosa Ley 32130. Cabe recordar aquí, más bien, la respuesta de la titular del Poder Judicial, Janet Tello, al reclamo de la jefa del Estado. Sus invocaciones, dijo ella, debería dirigirlas al Congreso, que es el que aprobó la ley que ha originado todo este problema. Como se ve, la justicia en este caso sin duda tardará. La pregunta central, sin embargo, es si acabará por llegar.